SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió conocer por separado el proceso judicial que se sigue contra la empresa Inprosol, SRL, encartada en el expediente por corrupción administrativa que involucra a Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes.
En representación del Ministerio Público estuvieron en la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.
En la audiencia de este martes, el representante de la empresa socia mayoritaria de PagoRD, Pago Xchange, SRL (nombre internacional), solicitó al tribunal un aplazamiento debido al fallecimiento de el “único dueño” de la empresa.
Asimismo, la empresa Inprosol alegó que no tenía defensa.
El tribunal, integrado por las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fijó la próxima audiencia para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Las juezas adoptaron la decisión a los fines de darle una única oportunidad a la empresa imputada PagoRD.
Ordenó la separación del juicio de la parte imputada, la cual pide un defensor público a la Defensoría Pública, entidad que argumenta que solo está para defender a personas físicas y que está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional al respecto.
El proceso judicial
Los procesados por corrupción administrativa a partir de la puesta en marcha de la Operación Camaleón, en el año 2024, fueron enviados a juicio el pasado mes de junio.
El auto de apertura a juicio fue dictado contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S.
Además, por el caso fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Esta organización criminal estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública.
La acusación del Ministerio Público plantea que la actuación de los procesados se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
