El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a los generales retirados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de corrupción administrativa y de formar parte del entramado desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La decisión judicial, emitida la madrugada de este martes, también impuso penas de 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”. Además de las condenas privativas de libertad, los sentenciados deberán pagar multas de cientos de salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la sentencia como “histórica” y aseguró que representa una victoria para la lucha contra la corrupción administrativa.
“En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas. Evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público”, expresó Camacho al concluir la audiencia.
El fallo también contempla condenas de 10 años de prisión para varios miembros de la estructura, entre ellos la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco, el mayor policial José Manuel Rosario Pirón, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklín Antonio Mata Flores, la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.
Asimismo, el tribunal impuso penas de cinco años de prisión a Raúl Alejandro Girón Jiménez, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Alejandro José Montero Cruz, Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Epifanio Peña Lebrón, Manuel de Jesús Alba Solano y Élida María Trinidad Santiago.
Por otro lado, Pedro Roberto Castillo Nolasco fue condenado a tres años de prisión, mientras que Carlos Augusto Lantigua Cruz recibió una pena de tres años y una multa de 500 mil pesos. También fue condenado a tres años de cárcel Raymel Pastor del Rosario Viola.
La sentencia ordenó además la disolución de varias empresas vinculadas al esquema de corrupción, entre ellas CSNA Universo Empresarial, Randa Internacional Company, Aldom Glass Alumimium, Rawel Importadores, R & F Agroindustrial y Hacienda Kelman, las cuales deberán pagar multas equivalentes a 200 salarios mínimos.
En contraste, el tribunal emitió sentencias absolutorias para varios procesados, incluyendo a Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán, Erick Daniel Pereira Núñez y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Durante la lectura del dispositivo, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo rechazaron además la solicitud de extinción de la acción penal presentada por las defensas de 26 imputados. La magistrada Méndez destacó que el proceso judicial se desarrolló sin dilaciones indebidas.
El tribunal concluyó que los acusados participaron en un esquema de sustracción de fondos públicos mediante nóminas irregulares en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Según la decisión, los recursos desviados fueron utilizados para la adquisición de bienes y para el enriquecimiento de los integrantes de la red.
La corte también determinó que parte de la estructura fue trasladada al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), tal como sostenía la acusación presentada por el Ministerio Público.
El caso Coral y Coral 5G es considerado uno de los mayores procesos de corrupción administrativa conocidos en la historia reciente del país. De acuerdo con la acusación, la red operó entre 2012 y 2020 y estaba integrada por militares, civiles y empresas que habrían participado en el desvío de fondos públicos provenientes de diversas instituciones estatales.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 14 de agosto a las 2:00 de la tarde. Mientras tanto, las condenas representan uno de los fallos más contundentes emitidos por la justicia dominicana en materia de corrupción administrativa.
