Panamá. El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional tras los dos potentes terremotos registrados el viernes 9 de octubre, que ocasionaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y carreteras, además de obligar a realizar evacuaciones preventivas en varias localidades.
El primer movimiento sísmico fue reportado con una magnitud de 7,5 por las autoridades panameñas, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó su magnitud en 7,7. Un segundo terremoto, de magnitud 6,6 según los reportes preliminares, se produjo ese mismo día y agravó la preocupación por la actividad sísmica en el país.
Los daños se concentran principalmente en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Entre las estructuras afectadas figura parte de la histórica iglesia de San Atanasio, en La Villa de Los Santos, además de viviendas, escuelas, hoteles y puentes vehiculares.
Los balances divulgados durante el fin de semana reportaron cientos de viviendas y centros educativos afectados. Las cifras de personas lesionadas también variaron entre los informes publicados, por lo que las autoridades continúan actualizando los registros.
La actividad sísmica posterior a los terremotos ha mantenido en alerta a la población. Los especialistas registraron numerosas réplicas, algunas de magnitud superior a cinco, mientras los organismos de emergencia continúan inspeccionando edificaciones y evaluando las condiciones de las comunidades perjudicadas.
El presidente José Raúl Mulino encabezó una sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete en la que se declaró la emergencia para agilizar la asistencia a las familias afectadas y los trabajos de recuperación. Entre las prioridades figuran la rehabilitación de carreteras, la evaluación de los centros educativos y la continuidad de los servicios sanitarios.
En el ámbito internacional, Estados Unidos anunció asistencia humanitaria y el envío de un equipo especializado para colaborar en la respuesta al desastre.
Las autoridades mantienen como prioridades la seguridad de las comunidades, la evaluación de las estructuras dañadas y la recuperación de los servicios esenciales, mientras continúa el seguimiento de la actividad sísmica.
