El Ministerio Público solicitó que se acoja en todas sus partes la acusación con todos los elementos de pruebas aportados y que se dicte auto de apertura a juicio en contra de la encartada.
La Fiscalía ante la Junta Central Electoral recibió la denuncia del caso de parte de familiares de la víctima que establecieron que Mercedes Rossó se hizo pasar por viuda de su pariente, un primer teniente de la Policía Nacional, para lo cual utilizó un acta de defunción falsa.
La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado (Hacienda) emitió una certificación donde hace constar que la procesada cobraba del Plan de Retiro de la Policía Nacional, desde el día 25 de abril de 2020, un salario de RD$13,814.55. La acusada llegó a cobrar un monto aproximado de RD$998 mil, incluyendo pagos por regalía, según consta en el dictamen pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La Dirección Nacional del Registro Civil certificó, en fecha 17 de junio del 2025, que en el sistema automatizado del Registro Civil no existe ningún registro de matrimonio correspondiente al oficial fallecido.
Igualmente, la Dirección Nacional del Registro Civil, emitió una certificación donde hace constar que existe un matrimonio civil, celebrado en fecha 10 de abril 2025 ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte, entre Dilennys Mercedes Mercedes Rossó y otro señor.
Ese órgano oficial también emitió otra certificación de defunción del agente policial, quien, según consta en el documento, falleció el 13 de febrero de 2019.
El Ministerio Público acusa a Mercedes Rossó de violar los artículos 147, 148, 150 y 151 del antiguo Código Penal Dominicano, y el artículo 210 de la Ley 4-23, Orgánica de Actos del Estado Civil, sobre falsificación y uso de documentos falsos y estafa, en perjuicio del Estado dominicano, la Junta Central Electoral y los familiares de la víctima, así como del Comité de Retiro de la Policía Nacional que también presentó una querella por el caso.
Mercedes Rossó fue arrestada mediante orden judicial en el marco de la investigación del caso a cargo de la fiscal Esther María González Peguero y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscrito al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.
La acusación fue sustentada con diferentes elementos de prueba testimoniales, periciales, materiales, procesales y documentales.
El Décimo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este fijó la audiencia para este viernes, 20 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.



