SANTO DOMINGO. – La República Dominicana conmemora este viernes el 182 aniversario de la proclamación de su primera Constitución, un acontecimiento que marcó el inicio de la organización jurídica e institucional del Estado dominicano, pero cuya historia también ha estado estrechamente vinculada a las disputas por el poder político.
El documento fue proclamado el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, apenas ocho meses después de la independencia nacional. Su elaboración estuvo a cargo de un Congreso Constituyente que tenía la responsabilidad de establecer las bases sobre las cuales funcionaría la recién fundada República.
Sin embargo, el nacimiento de la Carta Magna no estuvo exento de conflictos. Las diferencias entre los sectores que defendían un gobierno civil y quienes respaldaban mayores atribuciones para el entonces general Pedro Santana marcaron las discusiones de aquel proceso.
Uno de los episodios más significativos fue la incorporación del artículo 210, que concedía al presidente amplias facultades para gobernar sin asumir responsabilidad por sus decisiones durante el período de la guerra de independencia. Esta disposición reflejó las tensiones entre la necesidad de consolidar el nuevo Estado y los principios de limitación del poder que debían orientar el sistema republicano.
Una Constitución marcada por los cambios políticos
Desde su proclamación, la Constitución dominicana ha experimentado numerosas transformaciones, muchas de ellas vinculadas a los cambios de gobierno, las circunstancias históricas y las discusiones sobre el ejercicio del poder.
A lo largo de 182 años, la Carta Magna ha sido modificada en 40 ocasiones, un recorrido que evidencia cómo las reglas fundamentales del Estado han respondido a distintas etapas de la vida política nacional.
Entre los temas que históricamente han generado mayores debates figura la reelección presidencial, junto con la organización de los poderes públicos, la estructura del Congreso y las garantías de los derechos ciudadanos.
La Constitución de 1963, durante el gobierno de Juan Bosch, representó uno de los momentos más importantes de esa evolución, al incorporar una visión de mayor alcance sobre los derechos sociales, laborales y económicos. Su corta vigencia estuvo marcada por el golpe de Estado que derrocó al mandatario en septiembre de ese mismo año.
Posteriormente, los cambios políticos de 1965 y la reorganización institucional de 1966 dieron paso a una nueva etapa constitucional.
Las reformas de 1994, 2010 y 2015 también introdujeron transformaciones relevantes en el sistema político y judicial dominicano.
La reforma más reciente: el capítulo de 2024
La modificación más reciente fue proclamada el 27 de octubre de 2024 y estableció cambios en diferentes aspectos de la organización institucional.
Entre sus disposiciones figura el fortalecimiento de las restricciones a la reelección presidencial, mediante la protección constitucional de las reglas que impiden modificar el mecanismo de elección presidencial establecido en el artículo 124.
También se modificó el procedimiento de designación del procurador general de la República, incorporando al Consejo Nacional de la Magistratura en su selección.
La reforma incluyó, además, la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados a 170 integrantes, la unificación de las elecciones y cambios relacionados con la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado.
Uno de los aspectos centrales fue la incorporación de mayores garantías para evitar que las reformas constitucionales puedan utilizarse en beneficio de los funcionarios que ocupan cargos electivos.
Más que una fecha histórica
A 182 años de su proclamación, la Constitución continúa siendo la norma suprema del ordenamiento jurídico dominicano y el instrumento que establece las competencias de las instituciones, reconoce los derechos fundamentales y fija los límites del ejercicio del poder.
Su importancia no se limita a los procesos electorales ni a las decisiones de quienes gobiernan. También tiene una incidencia directa en la vida cotidiana, al reconocer garantías relacionadas con la igualdad, la libertad, la educación, la salud, el trabajo, la propiedad y el acceso a la justicia.
La conmemoración de este 6 de noviembre coloca nuevamente sobre la mesa la importancia de conocer y respetar la Carta Magna, pero también de exigir que sus disposiciones se cumplan.
Porque la fortaleza de una Constitución no depende únicamente de lo que establece en sus artículos, sino de la capacidad de las instituciones y de la sociedad para convertir sus principios en una realidad.
