Santo Domingo. Las reglas para contratar con el Estado dominicano entran en una nueva etapa con la aplicación de la Ley 47 25 de Contrataciones Públicas, que incorpora nuevos mecanismos de planificación, trazabilidad y supervisión, mientras el marco penal también eleva las consecuencias para quienes utilicen los procesos de compras públicas para cometer actos de corrupción.
El mensaje quedó planteado durante el II Foro de Contratación Pública, donde el presidente Luis Abinader, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la procuradora general Yeni Berenice Reynoso coincidieron en la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Abinader sostuvo que una contratación pública debe medirse por el resultado que recibe la ciudadanía: que lo adquirido llegue a tiempo, tenga la calidad esperada y responda a una necesidad real.
El mandatario afirmó que la transformación de las compras estatales es determinante para mejorar los servicios públicos y fortalecer la confianza en las instituciones, al recordar que detrás de cada proceso de contratación hay obras, medicamentos, equipamiento hospitalario, escuelas e infraestructura.
Pero el nuevo escenario no se limita a modificar los procedimientos administrativos.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso advirtió que el marco legal vigente permite una persecución penal más severa frente a los actos de corrupción, al combinar las disposiciones del nuevo Código Penal con las leyes de Contrataciones Públicas, Extinción de Dominio y Lavado de Activos.
Reynoso destacó además que el nuevo paradigma contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas y permite acumular penas cuando una conducta de corrupción está acompañada de otros delitos.
“Un acto de corrupción, seguido de otros actos de corrupción, más lavado de activos, puede llevarlo a una condena en la que dure décadas sin ver la libertad”, afirmó.
Un mercado que también está cambiando
Los datos presentados por Carlos Pimentel muestran que la transformación también está alcanzando a los proveedores que participan en las compras estatales.
Durante 2025, el 59.8 % de los participantes resultaron adjudicados, mientras las pequeñas y medianas empresas recibieron el 44.7 % del monto total adjudicado, equivalente a unos RD$123,000 millones.
Las ofertas recibidas aumentaron más de un 370 %, el Registro de Proveedores del Estado creció un 56 % y las entidades obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones aumentaron un 121 %.
También se registró un incremento de 826 % en la cobertura hospitalaria integrada al sistema y se incorporaron 195 nuevos municipios y distritos municipales, para un crecimiento superior al 400 %.
El presidente Abinader planteó que el reto ahora es lograr que esa apertura se traduzca en procesos más eficientes y resultados concretos para la población.
La discusión que se desarrolla en el foro coloca así el foco en una pregunta clave: cómo garantizar que una mayor cantidad de proveedores y recursos movilizados por el Estado también signifique más transparencia, mejores servicios y menos espacio para la corrupción.
La nueva Ley 47 25 busca responder parte de ese desafío, pero su efectividad dependerá de cómo se apliquen sus controles y de la capacidad de las instituciones responsables para hacer cumplir las reglas.
