OpenAI y la empresa de ‘software’ Statsig acordaron pagar 3,2 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por el Gobierno de Estados Unidos, que las acusaban de favorecer la contratación de trabajadores extranjeros con visas temporales y discriminar a solicitantes de empleo estadounidenses, según informó el Departamento de Justicia, que señaló que ambas compañías llegaron a un acuerdo sin que el caso avanzara a juicio.
Según la investigación, las empresas habrían implementado prácticas de reclutamiento que dificultaban la participación de candidatos estadounidenses en algunos procesos de selección. Entre ellas figuraban la exigencia de presentar solicitudes en formato impreso en lugar de electrónico, la difusión de anuncios de empleo a altas horas de la noche en la radio y la omisión de las vacantes en portales externos de empleo.
El Departamento de Justicia sostuvo que estas medidas desalentaban la postulación de trabajadores estadounidenses y facilitaban que las empresas argumentaran la falta de candidatos nacionales para justificar la contratación de empleados extranjeros con visas de trabajo temporales. “Es ilegal discriminar a los trabajadores estadounidenses dando preferencia a quienes poseen visas temporales para los puestos de trabajo”, afirmó la fiscal general adjunta, Harmeet Dhillon.
Las autoridades señalaron que ambas compañías habrían infringido la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe la discriminación basada en la ciudadanía. Aunque la investigación abarcó menos de diez puestos de trabajo, el Departamento de Justicia indicó que el monto del acuerdo refleja el perjuicio que, presuntamente, sufrieron los trabajadores estadounidenses afectados.
Mano de obra más barata
El acuerdo contempla el pago de 1,2 millones de dólares en multas y otros 2 millones de dólares destinados a indemnizar a las presuntas víctimas de discriminación. Además, OpenAI se comprometió a revisar sus políticas de contratación, capacitar a su personal y someterse a la supervisión del Departamento de Justicia para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.
El caso se produce en medio de la campaña del presidente Donald Trump, contra el presunto uso indebido de los programas de visas para trabajadores extranjeros. Trump sostiene que algunas grandes empresas recurren a estos mecanismos para contratar mano de obra más barata en detrimento de los trabajadores estadounidenses. El año pasado impulsó un recargo de 100.000 dólares para las nuevas solicitudes de visas H-1B, aunque un juez federal suspendió la medida al considerar que requería la aprobación del Congreso.
