Santo Domingo. – Cinco meses después de la destitución de Rafael Féliz como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, realizó importantes precisiones públicas sobre el caso.
Durante una entrevista concedida al programa Gobierno de la Tarde, Ortiz Bosch dejó claro que no consideraba culpable al exrector del ITLA al referirse a los resultados de la investigación realizada por esa institución. En ese contexto expresó textualmente: “No quiero decir que sea culpable”.
Posteriormente reafirmó esa posición al señalar: “Yo no creo que el director estaba implicado en eso.”
La funcionaria explicó que la investigación se centró en actuaciones atribuidas a personas del entorno administrativo y en la responsabilidad de las autoridades de impedir cualquier práctica que pudiera afectar la integridad de la administración pública, dejando claro que no atribuía una participación directa del entonces rector en los hechos investigados.
Ortiz Bosch también confirmó que la investigación desarrollada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental fue realizada después de que Rafael Féliz ya había sido destituido de sus funciones, precisando que cuando el expediente llegó a esa institución la decisión presidencial ya había sido ejecutada.
Asimismo, explicó que existía una tradición histórica de aportes voluntarios presente en distintos espacios universitarios, destinada a respaldar causas y actividades de carácter social, y sostuvo que muchas personas entendían que esa práctica no constituía un delito. En ese sentido, indicó que el reto de las instituciones públicas consiste en garantizar que cualquier mecanismo de aporte o colaboración se desarrolle dentro del marco de la legalidad, la ética y la transparencia.
Las declaraciones de Ortiz Bosch representan una precisión relevante sobre el caso, al establecer que Rafael Féliz no era considerado culpable ni implicado directamente en los hechos objeto de investigación, distinguiendo así una eventual responsabilidad institucional de una participación personal en las actuaciones investigadas.
Sus afirmaciones han despertado interés por el alcance de esta aclaración pública, al aportar elementos que contribuyen a una comprensión más precisa de los hechos y de las conclusiones expuestas por la titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
