Un tribunal de Santiago condenó a 15 años de prisión a un hombre que, bajo manipulación y engaño, ingresó al territorio dominicano a dos ciudadanas de la República de Colombia, con la falsa promesa de ofrecerles empleos.
Alexander Antonio Rodríguez (Mello Cotorra) fue hallado culpable de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El expediente instrumentado por el Ministerio Público establece que Rodríguez, después de traer a las víctimas a la República Dominicana, las obligó a ofertarse sexualmente, además de golpearlas e intimidarlas para que saldaran una supuesta deuda económica que habían contraído.
El órgano acusador apoderó al Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, de los resultados de sus indagatorias, en las que el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, identifica, individualiza y somete al escrutinio judicial al encartado.
Los hechos ocurrieron en septiembre del año 2023 después de que una de las víctimas se comunicara vía telefónica con el ahora condenado, quien le manifestó en ese momento que podía emplearla en República Dominicana, en labores como camarera, lo que contribuiría a mejorar sustancialmente sus condiciones económicas.
En la etapa de juicio, la fiscal litigante, representante del Ministerio Público, Aida Medrano Gonell, estableció frente a los juzgadores que el procesado, que se encontraba en la ciudad de Medellín, Colombia, realizó todas las diligencias para traer al país a la mujer, asumiendo él mismo los gastos económicos.
En escenarios distintos, explica la litigante, el encartado también hizo contacto con otra de las víctimas, a quien le hace el mismo ofrecimiento laboral, incurriendo en falsas promesas. Desde Medellín, Colombia, el procesado ingresó al país junto a las víctimas el 14 de enero del 2024 por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
El Ministerio Público explica que, una vez Rodríguez tiene bajo su dominio a las víctimas, quienes se encontraban en un estado de vulnerabilidad e indefensión por su condición de extranjería, e ignorando las verdaderas condiciones laborales, este les advierte que habían contraído una deuda de 4 mil dólares, de los cuales debían pagar 500 dólares cada viernes, y los martes 5 mil pesos, para pago de renta del lugar donde estaban alojadas.
Para saldar la deuda, Rodríguez le dijo que tenían que satisfacer las apetencias sexuales de clientes que él mismo contactó.
Rodríguez intimidaba a las víctimas para que accedieran a prostituirse a cambio del dinero que él mismo administraba y usaba a su antojo.
En su lectura de lo acontecido, la litigante detalla que el procesado había adoptado una actitud de dominio y manipulación contra las mujeres, con insultos, maltrato verbal, golpes e intimidación.
Durante el juicio, también, se aportaron pruebas con las cuales se demostró que el procesado violó a una de las víctimas.
En los hechos que narró el Ministerio Público ante las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, se plantea que en enero del 2024 un oficial del Ejército dominicano que había recibido la denuncia de un transeúnte, sorprendió al ahora condenado golpeando y sometiendo a la voluntad a las víctimas, en las cercanías de un centro de diversión nocturno en el municipio Puñal, momento desde el cual el hombre fue puesto bajo arresto y, posteriormente, sometido a la justicia.
