El dolor colectivo provocado por la muerte de Darli Mercado y los constantes excesos de la Policía Nacional ha dejado de ser una simple queja civil para convertirse en un tema de debate de Estado.
Detrás de los uniformes que deberían garantizar la paz y el orden público, se esconde una estructura deformada por décadas de impunidad, autoritarismo y abuso de poder.
Cada semana, los diarios nacionales se llenan de titulares trágicos que evidencian cómo el uso desproporcionado de la fuerza ya no es una excepción, sino la norma operativa de una institución en franca decadencia moral.
Mientras las comisiones de reforma debaten y presentan costosos manuales teóricos, en las calles de los barrios vulnerables la realidad es drásticamente distinta. Los ciudadanos no perciben un cambio de doctrina, sino la continuidad de una cultura violenta que ve en cada civil a un enemigo potencial y no a un sujeto de derechos fundamentales.
El tiempo pasa, el clamor público se diluye con la llegada de una nueva tragedia y el caso cae en el limbo del olvido, blindado por un espíritu de cuerpo corporativo que protege a los verdugos.
El verdadero problema radica en que la llamada reforma policial se ha centrado en aspectos cosméticos e incentivos económicos, ignorando la urgente reestructuración psicológica y ética de las tropas.
De nada sirve aumentar el salario de un agente, dotarlo de nuevas patrullas o cambiar el color de su uniforme si su formación sigue anclada en una doctrina militarizada de control social. El enfoque actual premia la sumisión del ciudadano mediante el miedo, en lugar de fomentar una policía comunitaria basada en el respeto absoluto a la dignidad humana.
La falta de voluntad política para fiscalizar de manera real al cuerpo del orden demuestra que el Estado prefiere mantener un brazo represor funcional antes que asumir el costo político de una depuración profunda y dolorosa.
Cuando la población le teme más a un patrullero que a un delincuente, el contrato social se rompe por completo y se abre la peligrosa puerta de la justicia por manos propias. La desconfianza legítima hacia las autoridades genera un estado de ansiedad colectiva donde el uniforme ya no es sinónimo de amparo, sino una señal de peligro inminente ante la cual es mejor huir.
La República Dominicana no puede seguir postergando una verdadera profilaxis en sus filas de seguridad. El Ministerio de Interior y Policía debe pasar de las promesas mediáticas a las auditorías de reclutamiento estrictas, aplicando sanciones penales ejemplares y expulsando sin contemplaciones a los elementos criminales con placa. El país no necesita más discursos de autocomplacencia ni reformas de fachada; exige con urgencia una fuerza policial civil, transparente y humana.
Ernesto Rodriguez
