La procuradora fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Diná Llaverías, advirtió que la agresión contra una niña de dos años en un centro de estimulación infantil de Santo Domingo Este podría conllevar penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de cómo avance la investigación y de la calificación jurídica de los hechos.
El caso, que ha provocado indignación en todo el país, involucra a una maestra del centro infantil Mi Segundo Hogar, ubicado en el sector Alma Rosa I, donde una menor fue obligada a ingerir su propio vómito, según se observa en un video que circuló ampliamente en redes sociales.
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Llaverías explicó que, debido a que se trata de un proceso en curso, las autoridades no pueden ofrecer detalles específicos sobre la investigación para proteger la identidad de la menor y evitar afectar el desarrollo del proceso judicial.
“Nosotros no podemos hablar de procesos en curso porque tenemos que cuidar la identidad de los niños, niñas y adolescentes y también el curso de la investigación”, señaló.
No obstante, indicó que las sanciones dependerán de las circunstancias en que ocurrieron los hechos y de los resultados que arrojen las pesquisas del Ministerio Público.
“Va a depender de las circunstancias del hecho, pero pudiera alcanzar incluso unos 30 años, dependiendo de si alcanza lo que tiene que ver con la tortura”, explicó.
La fiscal precisó que para determinar si se configura este tipo penal será necesario analizar varios elementos, entre ellos la gravedad del acto, si existieron situaciones similares previamente y las condiciones en que se produjo el hecho.
“Debemos verificar muy bien cuáles fueron las circunstancias, si existieron hechos previos, si hubo sistematización de las acciones y qué ocurrió exactamente ese día”, indicó.
Llamado a reforzar la supervisión en centros educativos
Durante sus declaraciones, Llaverías también llamó la atención sobre la importancia de garantizar que las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes estén debidamente preparadas para hacerlo.
Explicó que quienes ocupan posiciones en centros educativos deben pasar por filtros institucionales y evaluaciones que permitan determinar si cuentan con la formación adecuada para trabajar con menores.
“Tenemos que saber a quién estamos usando para trabajar con niños y niñas adolescentes. Todas las personas que trabajan con esta población deben ser especialistas y estar entrenadas para ello”, sostuvo.
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación del caso, mientras la fiscalía correspondiente continúa recopilando evidencias para determinar las responsabilidades penales.
