SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Fiscalía de Puerto Plata, la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para los miembros de una red que explotaba sexualmente en un centro de diversión nocturna.
La solicitud de medida de coerción ha sido solicitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata contra Rocío Nicole Paulino (Mamasan), Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera.
La titular de la PETT, Yoana Bejarán, junto al fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres, y la fiscal Carmelina Soto, solicitaron al tribunal, además, declarar el caso de transmutación compleja.
Los imputados fueron arrestados en allanamientos simultáneos realizados por la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexo (Uitimc), adscrita a la PETT, en coordinación con la Dirección de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de Puerto Plata y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
Las autoridades persiguen, además, a una mujer vinculada a la red. Los allanamientos, en los que el órgano persecutor rescato a las 20 víctimas de esta red de explotación sexual y comercial, fueron realizados en el centro de diversión nocturno Keobs Night Club, ubicado en la calle de Las Palomas; en el edificio Carlos III, en la calle Primera Cerros del Atlántico y en un hotel de Puerto Plata.
La red incurría en el delito de explotación sexual de sus víctimas dominicanas, haitianas y colombianas. El modus operandi de la referida estructura se caracterizó por la captación de mujeres mediante engaño y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, quienes eran acogidas y retenidas en el establecimiento, restringiendo su libertad ambulatoria mediante reglas, multas y vigilancia constante, así como su explotación sexual sistemática en habitaciones habilitadas para tales fines, todo ello bajo la coordinación y control de los imputados.
Los pagos efectuados por los clientes eran recibidos, administrados y distribuidos por los miembros de la estructura, sin que las víctimas percibieran beneficio directo, configurándose de manera clara los verbos rectores del tipo penal de trata de personas: captar, transportar, acoger, retener y explotar, con fines de explotación sexual y lucro ilícito.
En el operativo, en el que participaron miembros de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional; así como la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB), fue ocupada una escopeta calibre 12 con más de veinte cartuchos. Además, alrededor de 900 mil pesos y 26 mil 600 dólares.
También fueron ocupadas prendas de un metal amarillo, presumiblemente oro, cuadernos y libretas de apuntes, equipos electrónicos, así como dos vehículos, uno Hyundai Sonata y uno Suzuki.
El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica provisional de trata de personas agravada, como lo estipulan los artículos 1, 3 literales C y E, y artículo 7 literales A y D, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.
También de proxenetismo agravado, por sus actuaciones violatorias a las disposiciones de los artículos 334 y 334-1, numeral 6, del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, y así como de lavado de activos, por incurrir en la violación de los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
