Santo Domingo, RD. — El Banco Comunal de la Microempresa (BANCOMUNA) advirtió que la República Dominicana enfrenta un grave vacío legal que permite la proliferación de prácticas usurarias, debido a la inexistencia de una ley penal general que tipifique y sancione este delito, situación que afecta directamente a microempresas, emprendedores y familias de menores ingresos.
La advertencia fue hecha por Pedro Osvaldo Rodríguez Yins, presidente de BANCOMUNA y vocero oficial de la entidad, al presentar los ejes centrales del anteproyecto de Ley Penal General contra la Usura, elaborado por la institución como respuesta a una problemática que —según explicó— ha sido reconocida incluso por la jurisprudencia nacional.
“En la práctica, hoy se cobran intereses abusivos sin consecuencias penales. No por permisividad judicial, sino porque el país carece de una ley clara que proteja a los pequeños prestatarios. Ese vacío legal ha convertido el crédito en una trampa para miles de microempresarios”, sostuvo Rodríguez Yins.
Microcrédito como derecho humano
El anteproyecto introduce una propuesta de alto contenido social al reconocer el microcrédito como un derecho humano, entendiendo el acceso al financiamiento productivo como una condición esencial para la dignidad, la inclusión económica y la superación de la pobreza.
“Sin acceso al crédito justo no hay emprendimiento posible. El microcrédito no puede seguir siendo un privilegio ni una condena; debe ser reconocido como un derecho que permita a la gente producir, trabajar y vivir con dignidad”, enfatizó el presidente de BANCOMUNA.
Propuesta de fondo de garantía
Asimismo, la iniciativa legislativa contempla la creación del Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Economía Social y Popular, concebido como un mecanismo público de respaldo a los pequeños préstamos otorgados a microempresas, cooperativas, emprendimientos familiares y unidades productivas comunitarias.
De acuerdo con la entidad, este fondo permitiría reducir el riesgo crediticio, facilitar el acceso al financiamiento formal y romper la dependencia de los sectores populares frente a prestamistas informales y usureros, fortaleciendo un sistema de crédito solidario y productivo.
“Un fondo de garantía es la columna vertebral de una política pública seria de inclusión financiera. Sin respaldo institucional, el pequeño crédito seguirá siendo caro, excluyente y peligroso”, explicó Rodríguez Yins.
Definición clara y sanciones proporcionales
BANCOMUNA subrayó que el anteproyecto propone además una definición objetiva de la usura, un régimen de sanciones proporcionales y graduales, y una armonización con el marco constitucional, con el objetivo de construir una ley socialmente justa, jurídicamente sólida y políticamente viable.
Finalmente, la entidad hizo un llamado al Congreso Nacional, a los poderes públicos y a la sociedad dominicana a abrir un debate nacional responsable, orientado a erradicar la usura, proteger la microempresa y sentar las bases de un modelo económico más humano, solidario y productivo.
