El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha impuesto una multa de más de 64 millones de euros a la plataforma de alquiler de alojamientos Airbnb por anunciar viviendas para uso turístico sin licencia, entre otras infracciones detectadas.
La sanción, considerada de carácter grave, es firme después de que el Ministerio haya resuelto un recurso administrativo de alzada presentado por la compañía. Se trata de la segunda mayor multa de la historia impuesta por las autoridades, después de los 108 millones de euros con los que multó a Ryanair por el recargo ilegal del equipaje de mano.
El titular de Consumo, Pablo Bustinduy, ha manifestado que se trata de la “demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación ningún actor económico puede eludir sus obligaciones”, a la vez que ha recordado que la “tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda” ha constituido “una prioridad absoluta de este Ministerio en esta legislatura”.
Además de la multa económica, Airbnb deberá rectificar los incumplimientos detectados, eliminar los más de 65.000 anuncios que vulneran la normativa y hacer pública la multa recibida.
Entre las prácticas sancionadas se encuentra la publicación de alojamientos turísticos sin la correspondiente licencia; la publicación de anuncios con números de licencia o registro incorrectos y prácticas de publicidad engañosa como la difusión de información no veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
El correctivo económico aplicado corresponde a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento oficial.
El Ministerio de Consumo también tiene en el punto de mira a varias agencias inmobiliarias, a las que tiene abiertos expedientes sancionadores por prácticas abusivas en la gestión del alquiler.
Así, recientemente impuso una multa de 3,6 millones de euros a la agencia Alquiler Seguro, por el cobro a los inquilinos de comisiones ilegales y obligarles a contratar servicios no solicitados, recoge la asociación de consumidores Facua.
EFE
