SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de matar a una mujer y herir a cinco personas el pasado martes, 23 de julio, en un edificio de apartamentos del sector Naco, en el Distrito Nacional.
La audiencia, inicialmente pautada para este viernes, fue reprogramada por el juez Rigoberto Sena para el domingo, a fin de garantizar el traslado al tribunal del imputado que actualmente se encuentra ingresado en un centro de salud.
De acuerdo con la solicitud presentada por el Ministerio Público, representada por la procuradora fiscal Vidalis Mora, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, de la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, agrediendo a diferentes residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, quien perdió la vida.
El imputado atacó e hirió, además, a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.
El hecho fue atendido de manera inmediata por agentes de la Policía Nacional que acudieron en respuesta a una llamada al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Al lugar también se presentó el Ministerio Público.
Durante la intervención, los agentes policiales lograron controlar y arrestar al imputado, quien se encontró armado con cuchillos y mostró una conducta violenta. El imputado fue detenido en flagrante delito.
El Ministerio Público imputa a Pumarol Fernández, de 30 años de edad, la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican y agravan el homicidio voluntario; el artículo 2 sobre tentativa de homicidio, y el artículo 309, que sanciona las heridas y la violencia voluntaria. También, violaciones a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el uso de armas blancas con multas delictivas.
Dadas las circunstancias del caso, el Ministerio Público considera la prisión preventiva como la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial, conforme al artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal.
