El Ministerio Público continúa con la presentación de testigos en el juicio seguido a los implicados en la Operación Coral, incorporando nuevas pruebas que demuestran el esquema de lavado de activos y adquisición irregular de bienes por parte de Adán Cáceres Silvestre y los demás acusados.
Durante la audiencia fueron escuchados este martes varios testigos que aportaron datos clave sobre la operatividad financiera y la utilización de estructuras religiosas, sociales y comerciales para encubrir fondos ilícitos.
Entre los testigos, figuran representantes de la Iglesia Bautista Vida Eterna, quienes admitieron haber recibido RD$9,000,000.00 de parte de Cáceres, de los cuales solo devolvieron RD$1,000,000.00 mediante depósitos a Julio Camilo de los Santos Viola.
También, declaró Elvin Rudys Ramírez, quien aparece en documentos como presidente de la Asociación Campesina Madre Tierra. Ramírez señaló que aceptó figurar como tal por un favor a Adán Cáceres, aunque desconocía el manejo y origen de los fondos. Relató que los cheques eran llevados en blanco para su firma por el acusado Kelman Santana y que Rossy Guzmán fungía como tesorera, pese a que Cáceres era, según dijo, el verdadero propietario de la asociación.
Asimismo, el representante de la empresa Saramago SRL confirmó que vendió un apartamento a Epifanía Peña Lebrón, pero posteriormente se le solicitó que el contrato final se hiciera a nombre de Único Real State e Inversiones, empresa representada por Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”.
Otro testigo, Harmiton Luna, declaró que vendió apartamentos en la torre Harianex XIII a Adán Cáceres y a Julio Camilo de los Santos Viola. A través de la documentación incorporada al proceso, se comprobó que De los Santos Viola realizó los pagos en dólares estadounidenses.
Finalmente, José Rafael Madera Madera aseguró que Rafael Núñez de Aza le pidió simular la compra de acciones en la empresa CSNA Universo Empresarial a nombre de Adán Cáceres. Confirmó que, aunque figura como accionista, no es el verdadero dueño, y que la empresa pertenece a Cáceres. Añadió que construyó la Plaza Randa, de 44 locales comerciales, propiedad, según dijo, de Núñez de Aza y Cáceres Silvestre.
El Ministerio Público incorporó pruebas documentales y periciales que refuerzan su teoría del caso y evidencian cómo los imputados utilizaron estructuras religiosas, sociales y empresariales para encubrir el origen ilícito de los fondos.
La audiencia presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo martes 15 de julio, con la presentación de nuevos testigos por parte del Ministerio Público.
