SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez por su vinculación a delitos cibernéticos cometidos en perjuicio de Milagros Marina De Camps Germán.
Las medidas dispuestas por el juez Deiby Timoteo Peguero consisten en una garantía económica, mediante contrato, de tres millones de pesos dominicanos (RD$3,000,000), impedimento de salida del país y presentación periódica.
La decisión judicial se basó en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, a través del Departamento de Investigaciones de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La instancia presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción establece que el imputado incurrió, en diversas fechas, en actos de difamación e injuria contra la víctima mediante publicaciones en sus redes sociales, afectando gravemente su vida laboral, personal y profesional.
El Ministerio Público había solicitado medidas más severas, incluyendo una garantía económica de RD$10,000,000, además de la presentación periódica e impedimento de salida, con base en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal.
La solicitud fue presentada por el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón; la procuradora fiscal Marineldy Peña, coordinadora del Departamento de Alta Tecnología, y el fiscalizador Rafael Reyes.
Peguero consisten en una garantía económica, mediante contrato, de tres millones de pesos dominicanos (RD$3,000,000), impedimento de salida del país y presentación periódica.
La decisión judicial se basó en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, a través del Departamento de Investigaciones de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La instancia presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción establece que el imputado incurrió, en diversas fechas, en actos de difamación e injuria contra la víctima mediante publicaciones en sus redes sociales, afectando gravemente su vida laboral, personal y profesional.
El Ministerio Público había solicitado medidas más severas, incluyendo una garantía económica de RD$10,000,000, además de la presentación periódica e impedimento de salida, con base en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal.
La solicitud fue presentada por el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón; la procuradora fiscal Marineldy Peña, coordinadora del Departamento de Alta Tecnología, y el fiscalizador Rafael Reyes.
