SANTO DOMINGO.-La corte de Apelación de San Pedro de Macorís desestimó un recurso interpuesto por Jorge Hernán Zapata Villa, Max Abrahm Dossman Corredor, Fraia Adriana Díaz Corredor y Rita Patricia Inés Corredor y ratificó las penas de 30, 15 y 6 años de prisión que los procesados recibieron en primer grado por el crimen de narcotráfico y lavado de activos.
La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia acusaron a la red criminal por violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas; la Ley 631-16, Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y las leyes 72-02 y 155-17 Sobre Lavado de Activos.
El tribunal, integrado por los magistrados José Manuel Glass Gutiérrez, Virginia González Brea y Miguelina Medonza Ramírez, rechazó el recurso incoado por los procesados condenados el 5 de junio de 2023 por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia.
Jorge Hernán Zapata Villa recibió una condena de 30 años de prisión mientras que Max Abraham Dossman Corredor y Fraia Adriana Díaz Corredor fueron condenados a 15.
Rita Patricia Inés Corredor fue condenada a 6 años de prisión. Los procesados también fueron condenados al pago de multas ascendentes a 500 mil pesos y 1 millón de pesos, a favor del Estado dominicano.
La misma sentencia condenó a Domingo Polo Polo a 12 años de prisión, a Juan Elpidio Olivares Mella, Carlos Iván Contreras Castellanos y Wilkins Miguel Fernández Contreras a 6 años, a Keyris Liceni de la Rosa Mendoza, a 5 años de prisión, con multas entre un millón y doscientos mil pesos.
La sentencia de primer grado, confirmada ahora en apelación, autorizó el decomisó de armas de fuego, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, prendas de lujo, vehículos de alta gama e inmuebles de alto valor económico.
La titular de Antilavado del Ministerio Público, Ramona Nova, manifestó que la confirmación de esta condena muestra la solidez de la acusación presentada por los fiscales que investigaron el caso, así como Pedro Medina Quezada y José Calzado, quienes lo litigaron en la etapa recursiva.
