SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuradora General de la República exhortó al Congreso Nacional a aprobar el nuevo Código Penal para cumplir con el compromiso ciudadano de actualizar esa normativa a los nuevos tiempos y, así, evitar que delitos que requieren de sanciones más razonables tengan que ser sancionados con penas que resultan irrisorias.

“Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado”, dijo Yeni Berenice Reynoso al referirse al tema.

La procuradora reconoció que varios legisladores de diferentes organizaciones políticas, incluyendo al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho, le han manifestado directamente su compromiso con satisfacer la necesidad que tiene la sociedad dominicana de que se apruebe un nuevo Código Penal.

Planteó que los crímenes han cambiado conforme ha evolucionado la sociedad. “El mapa de la criminalidad es cada día más diverso, pero en República Dominicana seguimos teniendo como principal ley sustantiva un Código Penal que fue aprobado en 1884 y que, aunque se realizaron algunas modificaciones a lo largo de los años, resulta desactualizado para abordar los delitos con una calificación adecuada”.

“Múltiples conductas que son realmente delitos de dolo eventual, deben ser tipificados por el Ministerio Público como delitos culposos por falta de un Código Penal actualizado y esto impide que las víctimas, y en sentido general la sociedad, puedan tener una mayor protección del sistema de justicia, sobre todo en los casos en que se requiere de una sanción proporcional al hecho cometido y que implicaría una condena mayor”, dijo.

Citó como ejemplo que el Código Penal actual falla al no contemplar el concurso ideal de delitos, lo que lleva a que la sanción para la persona que, con una acción causa varios delitos, solo sea sancionada con la pena del delito mayor, sin tener la posibilidad de agravarla.

Lamentó que el Código Penal con el que los fiscales tienen que calificar los delitos ordinarios fuera sancionado por la Ley 2274, del 20 de agosto del año 1884.
Planteó que la legislación pudo desempeñar un rol importante, pero después de 141 años de vigencia, con la evolución histórica del país y los cambios sociales en un entorno globalizado y tecnológico, resulta irrazonable mantener la obsolescencia legislativa del Código Penal Dominicano.