Santo Domingo, RD.- Contratistas de distintas obras en el Gran Santo Domingo y varios pueblos del país, se quejaron de que la obstaculizacion en la fiscalización de las edificaciones escolares en ejecución, ha provocado la paralización de muchas obras innecesariamente, situación que según explicaron, los tiene al borde de la quiebra y constituye un revés para el sistema educativo en el país.
Las acciones de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de Procesos, del Ministerio de Educación, que dirige el señor Evaristo Antonio Regalado Robles, han sido calificadas como negligente e infuncional, paralizando varios procesos hace años, de manera abusiva e injustificada, según denunciaron.
Rodolfo Hernández, explicó que la actitud del funcionario al parecer tiene su trasfondo, tras considerar anormal que sin justificación alguna se paralicen procedimientos a lo interno del Ministerio de Educación, los cuales son vital para la eficientizacion de la educación en el país, en la construcción de más aulas y generando desconfianza entre los contratistas para realizar los trabajos cada año.
Dijo, que esto llama a suspicacia, y advirtió que podría tratarse de un mecanismo de retaliacion para cobrar “Peajes” por agilizar trabajos que diariamente deben hacer, sin recibir recompensas más que sus salarios.
Plantearon además, que la falta de gerencia y funcionalidad de ese funcionario, podría tratarse de que el mismo no es ingeniero civil ni arquitecto “es contable de profesión y por tanto no es de su competencia el área, ni tiene facultad para desempeñar el cargo” indicaron, tras advertir que de bo resolverse el impase se verán obligados a ir a medios de comunicación personalmente a denunciar los hechos.
Se quejaron además, de que esta situación no es nueva, ya que desde la pasada gestión de Ángel Hernández al frente del Ministerio de Educación, se vienen dando situaciones en la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de Procesos.
Obreros de distintas construcciones de edificaciones escolares, aseguran que también han sido perjudicados por esta situación, debido al retraso en los pagos, los cuales se les adeundan hasta mas de dos años que no le pagan.
Otros contratistas que omitieron sus nombres por temor a represalias, demandaron la intervención del presidente Luis Abinader, a fin de que el mandatario instruya al nuevo ministro de Educación, Luis Miguel Decamps, para que disponga una investigación al respeto y se reanuden los procesos pendientes.
