La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos por la defensa de María Isabel de los Milagros Torres Castellanos.
Con esta decisión, confirmó de manera definitiva la sentencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que le impuso cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico tutelado por el juez de ejecución de la pena, tras comprobarse su participación en el entramado de corrupción liderado por Juan Alexis Medina Sánchez, desmantelado mediante la Operación Antipulpo.
El fallo ratificó el carácter de inimputabilidad de Torres Castellanos, previamente establecido por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en agosto del 2022. Esta condición, basada en su salud mental, la eximió de responsabilidad penal directa.
Sin embargo, fue condenada por lavado de activos en asociación con otras personas, en violación de los artículos 3.2 y 9.2 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Los jueces también confirmaron el decomiso, en favor del Estado dominicano, de un apartamento ubicado en Brisas de Guavaberry, dentro de Guavaberry Resort & Country Club, en San Pedro de Macorís. Este inmueble, valorado en diez millones de pesos por el Ministerio Público en febrero del 2023.
El abogado de la defensa, Francisco Manzano, buscaba la absolución total de Torres Castellanos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia consideró que las decisiones previas estuvieron debidamente fundamentadas en pruebas.
Asimismo, la Suprema Corte dictaminó la exoneración del pago de costas penales para todas las partes, mientras que las costas civiles fueron compensadas entre las mismas.
Torres Castellanos fue señalada como socia de Editorama, S.A., y miembro del cuerpo directivo de empresas sindicadas en la red de lavado de activos encabezada por Alexis Medina Sánchez. Los jueces subrayaron que “dentro de su lucidez, participó activamente en las operaciones de estas entidades”.
Juan Alexis Medina Sánchez es, junto a su hermana Carmen Magalys, el principal acusado de Operación Antipulpo.
Ambos enfrentan actualmente un juicio de fondo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, señalados junto a otros acusados de estafar al Estado con más de RD$5,000 millones.
