El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez Santana e integrado por los magistrados Elías Santini y Arisleyda Méndez, aplazó el inicio del juicio de fondo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Medusa.
El tribunal reprogramó la audiencia para el 1 de octubre, con la finalidad de garantizar que el acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra cuente con la asistencia de un defensor público. Además, se otorgó un plazo de 24 horas a Rafael Antonio Mercedes Marte para que contrate un nuevo abogado.
La audiencia también fue recesada por la incomparecencia del acusado José Miguel Estrada Jackson, quien se encuentra fuera del país y, según informó la presidenta del tribunal, regresará el próximo sábado.
Además de Jean Alain Rodríguez, los demás implicados en este juicio incluyen a Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También figuran como acusados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Rodríguez y los demás acusados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020). Según el expediente acusatorio, se malversaron más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.
El envío a juicio de fondo fue ordenado el pasado 29 de junio por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras presentar una síntesis de las líneas de investigación que señalan múltiples actos de corrupción cometidos durante la administración de Rodríguez.
La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas involucradas en la red de corrupción.
