El Gobierno de República Dominicana aseguró que continuará apoyando las medidas implementadas para solucionar la crisis estructural que vive Haití, pero solo en la medida en que tales decisiones no comprometan la estabilidad y seguridad del país.
«República Dominicana ha mantenido la solidaridad con Haití a pesar del sacrificio que esto implica. Ahora bien, no podemos ir más allá de nuestras posibilidades materiales y menos aún adoptar medidas que atenten contra la estabilidad y seguridad de nuestro país. Simplemente no lo permitiremos, pídalo quien lo pida», aseveró el canciller dominicano, Roberto Álvarez, en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
Entre líneas, el funcionario aludía al cierre fronterizo y a la negativa de Santo Domingo a recibir migrantes haitianos, pese a las críticas que tal medida ha generado y a las denuncias formuladas por activistas y organizaciones de derechos humanos sobre detenciones ilegales y perfilamiento de nacidos en Haití en República Dominicana.
El diplomático también avanzó comentarios sobre el recién instalado Consejo de Transición Presidencial –que tiene a su cargo la designación de un premier y un gabinete interino–, al atribuir el éxito en su conformación a las gestiones realizadas por la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y los Gobiernos de EE.UU. y Canadá, así como a la aprobación de una misión internacional de la ONU liderada por Kenia para atender la situación de violencia generalizada en el país antillano.
Tráfico de armas
En decir de Álvarez, las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad contra «los principales responsables que financian la violencia y el caos en Haití» han sido ineficaces, pues desde que se emitió la resolución 2653, en octubre de 2022, solo han sido sancionados «cuatro reconocidos criminales, sin identificar y sancionar aún a ninguno de los verdaderos financiadores y responsables».
«Si no se aplica con rigurosidad el régimen de sanciones, si no hay consecuencias, los actores detrás del financiamiento de las bandas criminales pueden descarrilar el delicado proceso político al que Haití está abocado. Este debe ser uno de los apoyos más trascendentales que, en este momento, este Consejo de Seguridad puede brindar a Haití», advirtió.
En la misma línea, aseguró que «urge aplicar con mayor rigor el embargo de armas, municiones y pertrechos militares, que ahogan a Haití», hecho en el cual, dijo, su país no tiene responsabilidad, en tanto «no es productor ni importador de ningún tipo de armamento», aunque sí ha tenido que hacer frente a los costos de la crisis de seguridad interna.
«La violencia generalizada e inseguridad nos han obligado a tomar medidas excepcionales para luchar contra el tráfico de armas a un muy alto costo para el presupuesto nacional, porque desvía recursos requeridos por la población dominicana. Exhortamos enérgicamente a los países exportadores a tomar medidas efectivas, a fin de detener este tráfico ilegal hacia Haití», indicó.
