El Ministerio Público aseguró este jueves que sigue trabajando para presentar una acusación fuerte contra los imputados de la Operación Calamar, luego de que los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispusieron la variación de la prisión preventiva al exministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz, uno de los principales implicados en hechos de corrupción administrativa en ese proceso.
“Nosotros seguiremos trabajando y vamos a presentar una acusación fuerte como lo hemos hecho en tiempo anteriores”, destacó el fiscal Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), mientras respondía preguntas de la prensa que lo abordó luego de la decisión del tribunal.
Detalló que la corte decidió mediante su ponderación de tres jueces otorgó al imputado la presentación de una garantía económica de RD$5 millones a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el órgano investigador.
“El Ministerio Público, como se ha establecido durante esta gestión, seguirá haciendo su trabajo; ha asumido su rol de persecución de los delitos de corrupción, y, sobre todo, por la trascendencia que implica para esta sociedad”, sostuvo Lemos.
La magistrada Doris Pujols (presidenta de la sala) y los jueces Rafael Báez e Indhira Montás conocieron el recurso de la defensa del imputado para que se le variara la prisión preventiva por 18 meses que le impuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y cuyo cumplimiento ordenó en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El imputado pidió que se revocara la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el pasado 11 de septiembre le ratificó la prisión preventiva que le fue impuesta al imputado por su vinculación a los hechos de corrupción por los que es procesado.
El Ministerio Público le imputa al exfuncionario gubernamental encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
Además, señala, el documento, que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
En este expediente, el órgano acusador también imputa a los exministros administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
El órgano persecutor estuvo representado en esta audiencia por la procuradora adjunta y directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como los procuradores fiscales Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.
