Los abogados defensores del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de supuesta corrupción conocido como Coral, puntualizaron este viernes que el pedido que hacen a las cámaras legislativas de interpelar a los titulares de organismos de lucha contra la corrupción, se basa en el respeto a los derechos fundamentales que por Constitución corresponde a cada ciudadano y cuya responsabilidad de vigilancia y salvaguarda corresponde a todos los agentes públicos conforme indica la ley de manera expresa.
Al dirigirse a la prensa, previo a la continuación de la audiencia que se sigue a los imputado el caso Coral, los abogados Cristian A. Martínez, Romer Jiménez y Francisco Álvarez Aquino, expresaron que de no atender su solicitud de interpelación al órgano persecutor el Congreso Nacional se hace corresponsable de las violaciones de los derechos fundamentales del mayor general Adán Cáceres, dejando de lado su misión de garantizar el respeto a la Constitución y derechos fundamentales.
“Todo se resume en lo siguiente: la ley dice que hay que respetar derechos, también dice que si se violan sus derechos las personas que participaron en esa violación son responsables, eso hemos hecho nosotros como defensa técnica porque haremos todo lo que en derecho sea posible para hacer que se aplique el derecho”, manifestó Cristian Martínez al referirse a la interpelación depositada contra los directores de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR).
La defensa del general Cáceres ha insistido en la necesidad de un proceso justo y equitativo, así como en la importancia de respetar el debido proceso y garantizar la presunción de inocencia. Para ellos, la realización de la interpelación es crucial para asegurar que los organismos encargados de la lucha contra la corrupción actúen de manera ética y en cumplimiento de la ley.
Ayer los togados solicitaron tanto a la Cámara de Diputados, como al del Senado, que se realice una interpelación a los directores de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República. Porque, según la defensa, estos funcionarios han cometido faltas graves y violaciones a los derechos fundamentales de su defendido.
Los representantes legales del general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de supuesta corrupción conocido como Coral, aseguraron este viernes que harán todo lo posible para que se le respeten los derechos a su defendido.
En ese sentido, el abogado argumentó que lo nuevo que los trae hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a pesar de que enviaron la interpelación a la Cámara del Senado y a la de Diputados, es que están siguiendo la ruta que traza la ley, que según dijo, establece que si viola un derecho fundamental se anula el proceso y que todos los funcionarios públicos involucrados tienen la obligación de salvaguardar la efectividad de los derechos y que si no lo hacen son pasible de sanciones disciplinaria, civiles y penales.
