El Congreso de Perú aprobó el informe final de un caso que involucra al exmandatario Pedro Castillo y a integrantes de su familia, a quienes culpan de formar parte de una presunta organización criminal y, por ende, recomiendan formular una acusación constitucional.
El pleno del Parlamento autorizó este texto, que alcanza a la ex primera dama, Lilia Paredes, y a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, con 59 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones.
El congresista y presidente de la comisión, Héctor Ventura, del partido Fuerza Popular, afirmó en el Pleno que existen “elementos indiciarios”, de que Castillo “presuntamente recibió dinero proveniente de actos de corrupción”.
Previamente, el informe había sido avalado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Esta hipotética red criminal implica también al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado; a su exasesor Salatiel Marrufo; al exalcalde de la localidad de Anguía, José Medina; y al empresario Hugo Espino. En concreto se sostiene que Alvarado habría entregado cuatro millones de soles (algo más de un millón de dólares) a Castillo, proveniente de actos ilícitos.
Además, en el documento se propone a la Fiscalía de la Nación que “emita el pronunciamiento correspondiente” contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo.
Castillo niega acusaciones
El exjefe de Estado (2021-2022) ha rechazado en un sinfín de ocasiones las imputaciones en su contra y defiende su inocencia.
“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal”, subrayó en marzo pasado durante una audiencia virtual.
“No he cometido ningún delito (…) el pueblo sabe que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también, en todo caso, serían parte de esta presunta organización criminal”, agregó en esa oportunidad.
Castillo afronta actualmente 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión y 36 meses por ser el supuesto cabecilla de una organización criminal enquistada en Palacio durante su breve mandato. RT
