La jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso arresto domiciliario al excandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, implicado en operación Calamar.
Asimismo, a Castillo le fue impuesta una garantía económica de 20 millones de pesos para pagar mediante una aseguradora, así como también impedimento de salida del país.
Mientras que el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, les fue impuesta 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, quienes cumplirán la medida en la Najayo-Hombre.
La magistrada declaró el caso complejo.
Asimismo, la jueza impuso una garantía económica de siete millones de pesos y presentación periódica a Ángel Lockward.
Aldo Antonio Gerbasi Fernández, otros de los acusados en desfalcar al Estado, la jueza dictó presentación periódica, el pago de una multa de cinco millones de pesos pagados a través de una aseguradora e impedimento de salida.
Los imputados que no acordaron una medida de coerción con el Ministerio Público se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y Aldo Antonio Gerbasi.
En cuanto a los imputados que se han admitido su participación en esta estructura corrupta y logrado un acuerdo con el órgano de justicia se cuentan: el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.
Así como también Yahaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández.
La imputación del Ministerio Público en contra de los implicados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
