Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago acogió el pedimento de la Fiscalía de Santiago y ratificó la prisión preventiva que los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación habían ordenado contra dos hombres imputados de traficar con armas de fuego en la denominada Operación KAF.
La confirmación de la medida de coerción mantiene en prisión a los imputados Gregory Alberto Diplán Güichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, alias Colita, a quienes el Ministerio Público le atribuye pertenecer a una organización delictiva cuyas actividades consistían en importar armas de fuego para comercializarlas con otras redes del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico.
La Operación KAF desmontó la estructura criminal de los imputados luego de varios meses de analizar sus actividades mediante vigilancia, interceptaciones telefónicas y descensos a los lugares desde donde operaban.
En la intervención interagencial que condujo a la detención de los prevenidos, más de una decena de fiscales, encabezados por el titular, Osvaldo Bonilla, se ocuparon de drogas, dinero en pesos y dólares, así como armas que estaban enterradas y escondidas en cubos.
El cargamento ocupado incluyó, entre otros, seis fusiles, dos pistolas y 6,796 cápsulas, así como más de 4 millones de pesos y más de 17 mil dólares.
Ante la jueza Kimberly Tatis, la fiscal Martha González, representando al Ministerio Público, reiteró que la comercialización de estas armas representaba una «grave amenaza para la salud y la seguridad de la población», bienes jurídicos que el Estado debe garantizar, por cuanto procede mantener la prisión.
El proceso, que fue declarado de tramitación compleja por el Tercer Juzgado de la Instrucción, tendrá, nueva vez, revisión obligatoria el próximo 2 de junio, en tanto que el Ministerio Público trabaja en la acusación.
Contra los encartados pesan cargos penales por transgresión a los artículos 4, literal B; 6, letra A, y 75, párrafo 1, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Además, por violación a los artículos 66, 67, 68, 69 y 266 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En los allanamientos también participaron agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas (Ditis) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
El arsenal incluyó, además, 6,689 cápsulas calibre 9 milímetros, así como nueve cargadores para fusil, calibre 5.56 x 45, marca Pro Mag.
También, dos cargadores para pistolas 9 milímetros, tipo tambor, y uno para pistola, calibre 9 milímetros, con capacidad para 31 cápsulas.
