El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró este jueves que el expresidente del país Donald Trump (2017-2021) puede ser demandado por haber incitado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Según un escrito de la división de derecho civil del Departamento de Justicia registrado hoy en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y recogido por medios estadounidenses, Trump “no tiene inmunidad absoluta” ante las demandas civiles presentadas por policías y miembros del Congreso que buscan hacerle responsable de los daños físicos y psicológicos sufridos por aquellos sucesos.
Los abogados del Departamento de Justicia entienden que entre las responsabilidades oficiales que tiene el presidente no se incluye la incitación a la violencia, como la que tuvo lugar aquel 6 de enero en el discurso que Trump dio ante una multitud delante de la Casa Blanca, cuando en el Congreso se ratificaba oficialmente la victoria en las presidenciales del demócrata Joe Biden.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones debe decidir si pueden seguir adelante tres demandas múltiples presentadas por policías y congresistas contra el expresidente, al que acusan de haber incitado los sucesos del 6 de enero de 2021.
Dicho panel escuchó los argumentos orales de este caso en diciembre pero pidió también al Departamento de Justicia su opinión, incluida en el documento registrado hoy y que considera que la condición de presidente de Trump en el momento del asalto no le da inmunidad ante estas demandas.
Trump ha pedido desestimar demandas
Los abogados del expresidente pidieron a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que desestimara las demandas por considerar que el discurso que Trump dio aquel día delante de la Casa Blanca es parte de su trabajo.
Argumentaban que el presidente es “indudablemente inmune” de cualquier responsabilidad civil cuando da un discurso sobre una “cuestión de preocupación pública”.
Pero los abogados del Departamento de Justicia rebatieron esa teoría en su documento de este jueves.
Así, reconocieron que hablar de un asunto que preocupe a la sociedad es efectivamente parte de la “función tradicional” del presidente, pero, subrayaron, dicha función “no incluye la incitación a la inminente violencia”, como la que se produjo después de su discurso con el asalto al Congreso por parte de cientos de simpatizantes del entonces mandatario.
