La creación de un Ministerio de Justicia propuesto por el presidente Abinader, ha generado un fuerte debate entre la sociedad civil, juristas y legisladores, sobre la necesidad de reformar o no la Constitución para despojar al Ministerio Público de funciones administrativas ajenas a su naturaleza.
Aunque algunos sectores favorecen la intención del Ejecutivo de despojar de funciones al Ministerio Público para que se enfoque en la persecución del crimen y el delito, para otros, mutilar las funciones del órgano persecutor se hace inevitable una reforma a la Carta Manga.
El senador Félix Baustista, miembro de la Comisión de Justicia del Senado, asegura que ya sometió en la pasada legislatura un proyecto similar al anunciado por el presidente.
Algunos incluso afirman que la creación de este ministerio abultaría la nómina pública.
La administración del Sistema Penitenciario, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la gestión de los bienes incautados son algunas de las actividades de las que la Procuraduría General de la República no tendría que encargarse en caso de que el proyecto sea convertido en ley en el Congreso Nacional.
