Santo Domingo. La investigación sobre el presunto entramado de corrupción que habría desfalcado con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) todavía no ha llegado a su punto final.
El Ministerio Público adelantó que el proceso podría sumar nuevas imputaciones y personas involucradas, mientras continúa profundizando las pesquisas en las tres estructuras que, según la acusación, operaron para afectar el patrimonio de la ARS pública.
La advertencia fue hecha por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, al explicar la necesidad de contar con más tiempo para completar la investigación y presentar la acusación formal contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y los demás procesados.
“En las tres dimensiones habrá otras imputaciones y habrá otras personas involucradas, pero eso sucederá cuando la investigación cumpla su ciclo”, afirmó Camacho.
El funcionario explicó que la magnitud del expediente, que incluye cientos de miles de operaciones por analizar y un número considerable de investigados, obliga al órgano acusador a ampliar las pesquisas antes de cerrar el caso.
Camacho también reveló una de las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios, al señalar que uno de los imputados habría dicho al Ministerio Público que en SeNaSa “la corrupción era la norma”.
La audiencia en la que estaba previsto conocerse la solicitud de prórroga de cuatro meses fue aplazada para el próximo 4 de septiembre de 2026, debido al fallecimiento de un familiar de uno de los abogados de la defensa.
Mientras tanto, el Ministerio Público asegura que continúa trabajando en las distintas líneas de investigación y que existen aspectos que todavía no pueden ser revelados para no afectar las pesquisas.
Un expediente que aún puede crecer
El caso, derivado de la denominada Operación Cobra, mantiene como principal imputado al exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, quien cumple 18 meses de prisión preventiva junto a otros procesados.
La investigación también alcanza a otros exfuncionarios y particulares, quienes enfrentan acusaciones que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, durante las pesquisas se han obtenido evidencias que apuntan a presuntos sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y mecanismos utilizados para distraer recursos públicos mediante operaciones fraudulentas.
