Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia asumi\u00f3 como postura jurisprudencial que, si luego de la publicaci\u00f3n de la sentencia de divorcio una de las partes no demanda en partici\u00f3n en el plazo de los dos a\u00f1os establecidos en el art\u00edculo 815 del C\u00f3digo Civil, se presume que se produce la partici\u00f3n a favor de quien mantenga los bienes en posesi\u00f3n, sobre la base de abandono o renuncia inequ\u00edvoca de sus derechos respecto de los bienes de la comunidad. <\/p>\n\n\n\n
Igualmente retuvo la sentencia enunciada que nadie puede ser obligado a permanecer en estado de indivisi\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de lo que la ley concibe y permite. <\/p>\n\n\n\n
Mediante sentencia N\u00fam. SCJ-SR-23-0001, de fecha 22 de febrero de 2023, las Salas Reunidas sostienen que no ejercer el derecho de accionar en partici\u00f3n implica una sanci\u00f3n a su titular, que consiste en la p\u00e9rdida de la oportunidad para reclamar su derecho ante las autoridades competentes. <\/p>\n\n\n\n
\u201cEn efecto, estas Salas Reunidas, en virtud de mantener la unidad de la jurisprudencia nacional, abandonan el criterio que hasta el momento hab\u00edan mantenido sobre la no aplicaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva contemplada por el referido art\u00edculo 815 del C\u00f3digo Civil, para adoptar el razonamiento expuesto por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia 2170\/2021, en el sentido de admitir que la referida prescripci\u00f3n aplica tambi\u00e9n a los inmuebles registrados, por resultar m\u00e1s adecuado con la correcta interpretaci\u00f3n de la ley que rige la materia.\u201d <\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, las Salas Reunidas casan la sentencia civil N\u00fam. 449-2018-SSEN-00154, dictada por la C\u00e1mara Civil y Comercial de la Corte de Apelaci\u00f3n del Departamento Judicial de San Francisco de Macor\u00eds, en fecha 10 de julio de 2018 y, en consecuencia, retorna la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia, y para hacer derecho, las env\u00eda ante la C\u00e1mara Civil y Comercial de la Corte de Apelaci\u00f3n del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones. <\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n est\u00e1 firmada por los magistrados Luis Henry Molina Pe\u00f1a (quien preside), Pilar Jim\u00e9nez Ortiz, Francisco A. Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Nancy I. Salcedo Fern\u00e1ndez, Justiniano Montero Montero, Rafael V\u00e1squez Goico, Napole\u00f3n R. Est\u00e9vez Lavandier, Samuel A. Arias Arzeno, Mar\u00eda G. Garabito Ram\u00edrez, Mois\u00e9s A. Ferrer Landr\u00f3n y Francisco A. Ortega Polanco. <\/p>\n\n\n\n
La sentencia, contentiva a una demanda en partici\u00f3n de bienes entre exesposos, fue dictada con el voto disidente de los magistrados Justiniano Montero Montero, Mois\u00e9s Ferrer Landr\u00f3n y Francisco Ortega Polanco. <\/p>\n\n\n\n
La postura en disidencia sostiene que el art\u00edculo 815 del C\u00f3digo Civil no tiene aplicaci\u00f3n en materia de inmuebles registrados donde prevalece como regla la instituci\u00f3n de la imprescriptibilidad, al amparo de la ley de registro inmobiliario, que concibe como principio que la posesi\u00f3n en modo alguno genera derecho, permitir la p\u00e9rdida de un derecho registrado en esas condiciones es contrario a la naturaleza constitucional que protege su n\u00facleo duro, al amparo del art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n, lo cual estar\u00eda dando paso a una situaci\u00f3n de atentado a la seguridad jur\u00eddica que el propio Estado dominicano es su garante. <\/p>\n\n\n\n
Igualmente sostiene la postura en minor\u00eda que se trata de una vulneraci\u00f3n abierta que contraviene m\u00e1s de un siglo de evoluci\u00f3n legislativa y jurisprudencial en pro de que los derechos inmobiliarios registrados no prescriben, lo cual se extiende incontestablemente a la acci\u00f3n en partici\u00f3n cuya existencia data del 1920, al sancionarse la Orden Ejecutiva 511 del a\u00f1o enunciado. En ese sentido concebir esa noci\u00f3n de prescripci\u00f3n implica indudablemente dar paso a la p\u00e9rdida de un derecho institucionalmente protegido por el orden normativo. <\/p>\n\n\n\n