La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calific\u00f3 de “retroceso peligroso” para la libertad de prensa y la libertad de expresi\u00f3n en el espacio digital una iniciativa legal en Per\u00fa que aumenta las condenas por los delitos de difamaci\u00f3n cometidos a trav\u00e9s de medios de comunicaci\u00f3n y en redes sociales.<\/p>\n\n\n\n
El Proyecto de Ley 2862-2022-CR, aprobado el 14 de marzo en la Comisi\u00f3n de Justicia del Congreso, incrementa las penas de c\u00e1rcel por delitos de difamaci\u00f3n y calumnia de tres a cuatro a\u00f1os y las multas de 30 a 90 d\u00edas cuando se trate de medios y periodistas y de infracciones cometidas a trav\u00e9s de redes sociales y sitios de internet.<\/p>\n\n\n\n
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, calific\u00f3 la propuesta de “retroceso peligroso para la libertad de prensa y la libertad de expresi\u00f3n en el espacio digital”. Greenspon, director global de Licencias e Innovaci\u00f3n de Impresi\u00f3n de The New York Times, agreg\u00f3: “Lamentamos que Per\u00fa siga buscando caminos contrarios a la tendencia internacional y la jurisprudencia interamericana de descriminalizar los delitos de difamaci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n
El presidente de la Comisi\u00f3n de Libertad de Prensa e Informaci\u00f3n de la SIP, Carlos Jornet, expres\u00f3 su sorpresa que Per\u00fa est\u00e9 avanzando peligrosamente contra la libertad de expresi\u00f3n en el espacio digital. El director period\u00edstico del diario argentino La Voz del Interior<\/em> record\u00f3 lo expresado por la Declaraci\u00f3n de Salta en su art\u00edculo 3: “Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de inter\u00e9s p\u00fablico en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la cr\u00edtica, la informaci\u00f3n o la protesta en contra de los funcionarios p\u00fablicos sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad”.<\/p>\n\n\n\n La SIP, a trav\u00e9s de su Proyecto Chapultepec, comenz\u00f3 hace tres d\u00e9cadas una campa\u00f1a en contra de la criminalizaci\u00f3n de la injuria y la calumnia, delitos que muchas veces invocan los pol\u00edticos y personas p\u00fablicas para acallar las investigaciones period\u00edsticas. La campa\u00f1a tuvo eco en numerosos pa\u00edses que terminaron por descriminalizar los delitos de difamaci\u00f3n para favorecer un mayor clima de libertad de prensa. Entre esos pa\u00edses figuran Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Grenada, Honduras, Jamaica, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Rep\u00fablica Dominicana (parcial) y Uruguay.<\/p>\n\n\n\n Greenspon y Jornet instaron al Congreso peruano a retirar el proyecto de ley. Recordaron que la Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n, de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, puntualiza: “La protecci\u00f3n a la reputaci\u00f3n debe estar garantizada s\u00f3lo a trav\u00e9s de sanciones civiles”. Los directivos de la SIP insistieron que en estos casos se debe establecer proporcionalidad en las indemnizaciones para evitar cifras exageradas que puedan inhibir al periodismo y afectar la libertad de prensa.<\/p>\n\n\n\n Es la segunda vez que la SIP muestra preocupaci\u00f3n por Per\u00fa en una semana. D\u00edas atr\u00e1s se pronunci\u00f3 en contra de un proyecto de ley que establece la colegiaci\u00f3n obligatoria, un asunto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985 dijo que era una violaci\u00f3n a la libertad de prensa y al derecho de libre asociaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n