SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- El director general de Presupuesto, Jos\u00e9 Rijo Presbot, al declarar este lunes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en calidad de testigo del Ministerio P\u00fablico, asegur\u00f3 que durante el per\u00edodo de transici\u00f3n del 2020, el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, autoriz\u00f3 un pago irregular por alrededor de RD$20,900 millones para saldar deudas administrativas en favor de 42 contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y 32 del Ministerio de Obras P\u00fablicas.<\/p>\n
En tal sentido, Rijo Presbot detall\u00f3 que entre el 31 de julio y el 14 de agosto del a\u00f1o 2020, el entonces ministro de Hacienda, instruy\u00f3 mediante una comunicaci\u00f3n escrita \u201cresolver los compromisos pendientes con los contratistas\u201d de las referidas entidades.<\/p>\n
El testigo del Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 que esta decisi\u00f3n, ejecutada por el exministro de Hacienda, afect\u00f3 la disponibilidad financiera del Estado dominicano y provoc\u00f3 aumentar, a\u00fan m\u00e1s, la deuda p\u00fablica, como consecuencia de pagos pendientes, correspondientes a los a\u00f1os 2016, 2017, 2018 y 2019.<\/p>\n
“Es esencial entender que para proceder con el pago de una deuda p\u00fablica, esta debe estar previamente registrada y validada a trav\u00e9s del Congreso Nacional, en el Presupuesto General del Estado del a\u00f1o en curso. Mientras que cuando las deudas son administrativas o acumuladas de a\u00f1os anteriores, deben cumplir con un proceso riguroso de verificaci\u00f3n y certificaci\u00f3n por parte del Ministerio de Hacienda y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, cosa que no sucedi\u00f3 en este caso\u201d, aclar\u00f3 el tambi\u00e9n catedr\u00e1tico.<\/p>\n
El funcionario explic\u00f3 que para la realizaci\u00f3n de dicho pago se violentaron m\u00faltiples leyes y normativas, incluyendo la Ley Org\u00e1nica de Presupuesto, la Ley de Tesorer\u00eda Nacional, la Ley de Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Inversi\u00f3n P\u00fablica, la Ley de Contrataciones, y el Presupuesto General del Estado de 2020. As\u00ed como el Decreto 15-17 de Control de Gasto y Pago a Proveedores y otros instructivos legales relacionados con el control de gasto p\u00fablico.<\/p>\n
\u201cPara el pago, hicieron uso de los dividendos que deb\u00eda depositar el Banco de Reservas a la Cuenta \u00danica del Tesoro (CUT). El mismo se realiz\u00f3 por fuera del circuito de pagos que debe involucrar a la Direcci\u00f3n General de Administraci\u00f3n de Deudas, as\u00ed como a la Tesorer\u00eda Nacional, la Unidad de An\u00e1lisis de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Direcci\u00f3n General de Contabilidad Gubernamental\u201d, detall\u00f3 Rijo Presbot.<\/p>\n
En tal sentido indic\u00f3 que todos los pagos realizados por las instituciones estatales deben pasar por la referida entidad financiera, la cual maneja la Cuenta \u00danica del Tesoro (CUT) de la Tesorer\u00eda Nacional. Sin embargo, en esta ocasi\u00f3n, los pagos fueron efectuados sin el debido proceso legal y sin registro en el sistema financiero del Estado, bajo instrucciones directas del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero.<\/p>\n
En el entramado de corrupci\u00f3n administrativa, desmantelado mediante la Operaci\u00f3n Antipulpo, el principal acusado es Juan Alexis Medina S\u00e1nchez, as\u00ed como otras 26 personas f\u00edsicas y 21 compa\u00f1\u00edas. De acuerdo al Ministerio P\u00fablico, Medina S\u00e1nchez fue beneficiado con gran parte de las licitaciones de varias instituciones p\u00fablicas, mediante procesos irregulares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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