Tras agotar los procedimientos técnicos y las correspondientes vías de diálogo, Edesur Dominicana suspendió el servicio a usuarios del Valle de Juancho, Pedernales, que mantenían unas 70 conexiones ilegales, saboteaban el sistema de medición y operaban incluso con transformadores clandestinos para bombear predios agrícolas.
Las conexiones irregulares de transformadores a las redes de Edesur han generado múltiples averías y fallas en el circuito JUCO101, comprometiendo la seguridad operativa y poniendo en riesgo la integridad de la población del municipio fronterizo. Un total de 5,362 clientes reciben el servicio de energía eléctrica de ese circuito.
La suspensión del suministro se realizó el pasado jueves al presentar los usuarios nueve facturas vencidas y un importe en mora ascendente a RD$771,783.27.
Edesur identificó alrededor de 70 conexiones ilegales, incluyendo bombas, acometidas y transformadores clandestinos que generaban un consumo elevado no medido, no facturado y técnicamente riesgoso.
En febrero de este año la distribuidora detectó que los parceleros de Valle de Juancho estaban conectados de forma directa, solo facturando un importe ascendente a RD$786.00 por concepto de cargo fijo, sin que se registrara ni facturara el consumo real de la energía consumida.
Tras descubrir esas anomalías, Edesur Dominicana normalizó el servicio eléctrico y en marzo pasado levantó un acta de irregularidad por 518,463 kWh, equivalente a un importe facturado de RD$4,733,570.64 y RD$412,708.19, en mora.
Una vez regularizada la medición, las facturas empezaron a reflejar el consumo real pero los usuarios no mantuvieron la regularidad en los pagos.
Además, la distribuidora confirmó la destrucción deliberada de equipos de medición (sabotaje); el medidor principal y los medidores de las estaciones de bombeo fueron rotos y algunos desaparecieron.
El más reciente episodio fue registrado en octubre pasado cuando el personal de Edesur tuvo que retirarse sin concluir sus trabajos y en varias ocasiones hombres armados han retenido a los técnicos de la empresa en contra de su voluntad, por lo que la distribuidora se ha visto precisada a recurrir a la fuerza pública.
Los desmantelamientos de conexiones ilegales buscan, además de normalizar el servicio de los clientes, proteger la red y mejorar la continuidad del suministro.
