Un grupo de gobernadores de derecha de Brasil anunció este jueves la creación de un consorcio para integrar sus políticas y estrategias de combate al crimen organizado, tras una reunión en la que dieron un espaldarazo a la cuestionada operación policial del martes que dejó al menos 121 muertos en Río de Janeiro.
El llamado ‘Consorcio de la Paz’ le permitirá a los gobiernos regionales intercambiar informaciones y experiencias exitosas de seguridad pública, así como compartir recursos humanos y materiales y discutir acciones y estrategias conjuntas de combate al crimen organizado, según explicaron en una rueda de prensa.
«Con el consorcio vamos a integrar (la seguridad pública) con todos los medios: inteligencia, informaciones, contingentes, apoyo financiero, experiencia, materiales… Podemos comprar equipos de forma conjunta, lo que nos permitirá reducir los precios», explicó el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello.
La iniciativa reúne inicialmente a los gobiernos regionales de los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los más poblados y ricos del país, así como a los de Brasilia, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul y Paraná.
Consorcio abierto a todos los estados
Los impulsores del proyecto, todos pertenecientes a partidos de derecha y algunos precandidatos presidenciales, manifestaron que el consorcio está abierto a todos los 27 estados del país.
El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmó que la propuesta busca superar la falta de acción del Gobierno nacional, del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, en la lucha contra el crimen organizado.
«Vinimos a Río de Janeiro a felicitar a sus autoridades por esa operación que hicieron sin el apoyo de un Gobierno (nacional) que insiste en no combatir la criminalidad e insiste en no considerar como terroristas grupos criminales que controlan territorios, violan la soberanía y usan armamentos exclusivos de las Fuerzas Armadas», expresó Zema.
Según el gobernador de Minas, las organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, con ramificaciones en todo Brasil y hasta en países vecinos, ocupan áreas en donde viven un tercio de las familias brasileñas, a las que les cobran tasas ilegales por servicios públicos como luz, agua, telecomunicaciones y transporte.
El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, dijo que el consorcio será mucho más efectivo contra el narcotráfico que el proyecto de ley de seguridad pública que el Gobierno de Lula impulsa en el Congreso y que, en su opinión, lo único que busca es quitarle la autonomía a los gobiernos regionales para combatir el crimen.
Cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos
El respaldo a la operación policial del martes contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro en la que murieron entre 121 y 132 personas, según diferentes fuentes, fue unánime entre los gobernadores que acudieron al encuentro en esta ciudad.
Sin embargo, la misma operación ha sido cuestionada por su violencia y mortandad por las organizaciones de derechos humanos y por el mismo Gobierno de Lula.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, agradeció el respaldo de sus pares en «momentos de presión y de críticas», y dijo que todos demostraron preocupación con la seguridad de la población brasileña.
Agregó que, tras la operación del martes, Río puede iniciar una retomada de los territorios actualmente ocupados por bandas criminales y servir como «laboratorio» para el resto de los estados.
