Hace más de medio siglo, el 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 de la NASA despegó con destino a la Luna en una de las expediciones más osadas de la historia de la humanidad. Cuatro días después, dos astronautas, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, pisaron la superficie de nuestro satélite natural, recogieron muestras de rocas y suelo lunar, realizaron varios experimentos y plantaron la bandera de EE.UU. en la Luna.
Pero, ¿significa esto que Washington tiene derechos exclusivos sobre la Luna? La respuesta es un rotundo no: ni EE.UU., ni ningún otro Estado, ni la compañía privada o persona más rica del mundo. Y el derecho espacial internacional lo deja claro.
La Luna es de todos
Dos años antes de la misión Apolo 11 entró en vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos
celestes. Fue ratificado por EE.UU., la entonces URSS, el Reino Unido y más de un centenar de otras naciones. Este acuerdo, entre otras disposiciones, establece los siguientes puntos.
- El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.
- La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad.
- El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su investigación científica, exploración y utilización a todos los Estados sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional
El Tratado del Espacio Ultraterrestres es uno de los cinco tratados generales multilaterales elaborados en las Naciones Unidas. Establecen las reglas de conducta internacionales y facilitan las relaciones internacionales en el espacio ultraterrestre, con énfasis en su uso pacífico y en beneficio de toda la humanidad.
Patrimonio común
Además, en 1979 la Asamblea General de la ONU aprobó el Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Cabe mencionar que este tratado refuerza los principios legales ya establecidos en el tratado del Espacio Ultraterrestre, pero fue ratificado y firmado por un número limitado de países.
Según ese documento, la Luna “no puede ser objeto de apropiación nacional” de ninguna manera, mientras que “sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad”.
Asimismo, se detalla que “ningún Estado, organización internacional, intergubernamental o no gubernamental, organización nacional o entidad no gubernamental y tampoco ninguna persona física” pueden apoderarse de superficie o la subsuperficie de la Luna, ni de ninguna de sus partes o recursos naturales.
Además, el despliegue allí de personal, vehículos espaciales, equipo, material, estaciones e instalaciones no crea derechos de propiedad sobre la superficie o la subsuperficie del satélite o parte alguna de él.
Con ello, los Estados “tienen derecho a explorar y utilizar la Luna sin discriminación de ninguna clase, sobre una base de igualdad y de conformidad con el derecho internacional”, construyendo bases y extrayendo recursos minerales para el bien de toda la humanidad, según las normas de la ONU.
A día de hoy, Rusia y China, EE.UU. y las naciones de la Unión Europea, así como India y Japón están desarrollando activamente sus programas lunares con planes de construir bases en la Luna. Además, el magnate Elon Musk y su empresa SpaceX planearon construir una base permanente en el satélite natural para facilitar vuelos tripulados a Marte.
Si todas estas partes rigen sus actividades por lo estipulado en los tratados espaciales de la ONU, la humanidad se beneficiaría de esta parte de la carrera espacial.
RT
