El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles enfrentada con la Operación Lobo, la cual se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
“Es importante destacar que esta operación (Lobo) apenas inicia y que, como en todas las operaciones nuestras, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al encabezar el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
“Con la Operación Lobo el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas públicas, en el área de seguridad privada”, dijo.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación”, sostuvo Ortiz, quien estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.
Al ser consultada por los periodistas sobre la posible implicación de funcionarios, la titular de la Pepca sostuvo que todo el que esté implicado en la estructura desmantelada con la Operación Lobo será sometido a la acción de la justicia. “Como les digo, esto apenas comienza”, apuntó. “Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.
“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas”, indicó.
Sostuvo que los militares y civiles implicados en la estructura de corrupción administrativa enfrentada por el Ministerio Público violan la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y, además, lo hacen instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o de servicios básicos para la población y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.
Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.
La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
