El Congreso de los Diputados de España aprobó la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, con el objetivo de reducir en un 50 % los residuos en el ámbito de la venta minorista, en un margen de 5 años.
Los más recientes datos del Ministerio de Agricultura arrojan que, en 2023, el país desperdició 31.339 toneladas de comida fuera de casa y 1.183,42 millones de kilos en el consumo doméstico, una cifra que se quiere aminorar drásticamente.
En todo el mundo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la ONU estima este despilfarro en el 30 % de los alimentos que se producen.
El texto establece una “jerarquía de prioridades de actuación”. Siguiendo ese orden, los alimentos deberán destinarse, en primer lugar, al consumo humano sin transformaciones adicionales.
Cuando no sea posible, tendrán que aprovecharse para la fabricación de otros productos aptos para el consumo humano, como zumos o mermeladas.
Si, tras ello, se generan excedentes, deberán destinarse a la donación de alimentos para el consumo de personas y, cuando no sea factible, para la alimentación animal, el compostaje o la producción de biogás.
Los negocios de distribución estarán obligados a donar los excedentes de alimentos a entidades sociales y bancos de alimentos. Además, las de mayor tamaño tendrán que firmar convenios de colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro.
En cuanto a los consumidores, tendrán derecho a llevarse las sobras de los restaurantes en recipientes apropiados reutilizables y reciclables, como un táper, sin coste adicional. Los establecimientos informarán a sus clientes de esta posibilidad en sus cartas.
Una norma que afecta a todo el sector alimentario
La normativa afecta a cooperativas y demás entidades asociativas, empresas de elaboración, fabricación o distribución de alimentos, comercios al por menor, empresas del sector de la hostelería y restauración, organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de distribución de alimentos donados, tales como los bancos de alimentos, y las administraciones.
Se establecen una serie de buenas prácticas, como incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, promover los rubros de temporada y proximidad, así como divulgar información para una mejor planificación de los menús, la compra sostenible, la cocina de reaprovechamiento, la correcta interpretación de las fechas de los empaques y el reciclaje.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó la aprobación de la ley de “excelente noticia” y argumentó que además de afectar a la sociedad y a la economía, también tiene un componente ético: “En un mundo donde por desgracia continúa existiendo el hambre y la desnutrición, el que desperdiciemos alimentos es sin duda algo muy grave”, sostuvo.
El papel de la Administración
La nueva Ley atribuye un importante papel a las Administraciones Públicas, que deberán impulsar tanto la sensibilización como la innovación. Así, tendrán que promover campañas de hábitos de consumo responsable y soluciones para disminuir el desperdicio alimentario.
Se incentivará la creación de nuevos modelos de negocio que versen sobre la prolongación de la vida útil de los productos o la reutilización de excedentes alimentarios.
También se racionalizarán las fechas de consumo preferente para alargarlas, respetando la seguridad alimentaria, y se impulsará la venta de alimentos feos o ‘imperfectos’ en los comercios, así como los productos de temporada, ecológicos y de proximidad.
La ley dispone un régimen sancionador con infracciones multadas desde 1.000 euros, las leves, hasta 100.000 euros, las graves.
RT
