La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles disposiciones transitorias especiales para que se lleven a cabo juicios grupales a los presuntos pandilleros detenidos durante el régimen de excepción que rige en el país centroamericano desde marzo de 2022, en la denominada “guerra contra las pandillas“.
Las disposiciones, aprobadas con 67 votos, buscan “brindar herramientas al Órgano Judicial y con ello poder ordenar el procedimiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, dice una nota de prensa del Parlamento.
En el texto explican que esto le brindará facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo procedimientos transicionales, que incluye la agrupación de los imputados por estructura delictiva, lo que permitirá agilizar los procesos judiciales en contra de los capturados.
Los criterios que se tomarán en cuenta para realizar dicha agrupación, según el documento al que tuvo acceso El Salvador.com, tienen que ver con la estructura, denominación, funcionamiento, territorio “u otros que resulten aplicables a criterio del fiscal” y de acuerdo con los “elementos indiciarios” con los que se cuente.
El parlamentario Eduardo Amaya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, explicó que el proceso penal actual lleva más de cinco etapas y con las disposiciones especiales se busca hacerlo más simple y objetivo.
“Ya no existirá esa dualidad de procesos, además se establece un plazo máximo de 24 meses para que se lleve a cabo ese proceso (investigaciones)”, indicó.
En El Salvador, según dijo el pasado martes el fiscal general, Rodolfo Delgado, se han capturado a 71.976 presuntos pandilleros durante el régimen de excepción, que fue prorrogado por decimosexta ocasión el pasado 11 de julio.
Reforma
Por otro lado, también con 67 votos a favor, la Asamblea Legislativa dio luz verde a reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, pese a que recibieron varias observaciones por parte de la presidencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Con estas reformas se modifican las penas carcelarias para los cabecillas de grupos criminales. Actualmente, la normativa establece condenas máximas de hasta 45 años para los jefes de pandillas, pero la propuesta aprobada aumenta en hasta una tercera parte la sentencia, elevándola hasta 60 años.
“Con esto buscamos que aquellos que están delinquiendo vean que El Salvador ya no es el país en donde hacen lo que quieran. Eso se acabó”, señaló Amaya al respecto.
Críticas
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, declaró ante la prensa que las medidas aprobadas, aunque mencionan que serían para combatir el crimen”, realmente implican reformas “para hacerle más liviano el trabajo a la Fiscalía” y que “ya no tenga que investigar”. “Con solo acusar tiene que ir avanzando el proceso, sin ninguna responsabilidad para los funcionarios públicos”, apuntó.
Por su parte, el parlamentario Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, dijo que el objetivo del Gobierno es “hacer estas condenas de tipo masivas, así como han sido las capturas”, violentando el debido proceso y los derechos individuales.
“Esas personas que están detenidas y son inocentes podrían enfrentarse a permanecer en ese estado de detención al menos por dos años más”, comentó.
