El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) incineró 2,323,219 unidades de cigarrillos y tabacos de diferentes marcas, así como más de 7,631,000 botellas de alcohol no apto para consumo humano, 3,028 botellas de clerén y 23,510 unidades de medicamentos falsificados, por un valor aproximado de 50 millones de pesos.
Los decomisos fueron el resultado de operativos realizados durante el primer trimestre del año, en conjunto con el Ministerio Público, ProConsumidor, Salud Pública y la Dirección General de Aduanas y de Impuestos Internos, con el propósito de contrarrestar la comercialización y fabricación de productos que no cumplen con los protocolos de salud y que son introducidos al país de manera ilegal, para evadir el pago de impuestos al Estado Dominicano.
La incineración la encabezó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, junto con el Comandante General del Ejército de la República Dominicana, Carlos A. Fernández Onofre, y el General de Brigada César Miranda Mañón, director general del CECCOM.
Bisonó manifestó que durante la gestión que lidera el presidente Luis Abinader, se han emprendido acciones concretas para perseguir y castigar a los responsables de la fabricación y comercialización ilícita de productos.
En tanto, el Mayor General Carlos A. Fernández Onofre manifestó que la misión del ejército es apoyar todas las instituciones en combatir los ilícitos en la zona fronteriza y dijo que cada día están dando “golpes contundentes” a las organizaciones que intentan transgredir las leyes.
En el acto estuvieron Leandro José Villanueva Aceval, de Salud Pública; el general de brigada Orlando Jerez Espaillat, de la Dirección General de Aduanas; y representantes de ProConsumidor y del Ministerio Público.
La incineración tuvo lugar en la sede P&D Recycling, empresa dedicada al reciclaje, incineración, trituración de desechos industriales, residuos oleosos, basura internacional, desechos médicos y desechos en general.
El objetivo de la Mesa de Ilícitos, que preside el MICM y creado a través del decreto 275-2, es combatir y erradicar prácticas de contrabando, adulteración y falsificación de productos, lesivas tanto para los consumidores como para el sector comercial e industrias contribuyentes.
