La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago le impuso un año de prisión preventiva a un hombre que agredió sexualmente a una adolescente de 12 años de edad, hechos tras los cuales la amenazaba de muerte vía una plataforma digital.
La medida de coerción le fue impuesta a Maicol Mera Chávez, quien enfrenta cargos penales por haber ejercido violencia agravada contra la mujer, violación sexual y abuso físico, psicológico y sexual contra una menor de edad, atentado sexual y producción, difusión, adquisición y posesión intencional de pornografía infantil.
La Fiscalía de Santiago, a través de la Unidad contra Delitos Electrónicos, comenzó el levantamiento de evidencias, luego de que los padres de la víctima revelaran las amenazas de muerte que la adolescente recibía de parte del imputado.
Además de golpearla físicamente, el imputado amenazaba de muerte a la víctima, enviándole fotos de armas blancas y refiriéndole, textualmente, que las usaría con ella. Le prohibía jugar, salir con sus amigas y controlaba su forma de vestir.
Durante la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Heidys de León, quien aportó diferentes evidencias al tribunal.
La Fiscalía le atribuye al imputado violar los artículos 309-1 y 309-3, literal E, y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar; también la violación a los artículos 23 y 24 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 396 letras A, B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
La jueza ordenó que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, de Moca, en la provincia Espaillat.
Ante el caso, el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, le hizo un llamado a los padres y tutores a estar alerta sobre los usos que dan los niños, niñas y adolescentes a los medios electrónicos, al tiempo de exhortar que, en caso de detectar actividades inapropiadas, que atenten contra sus derechos y dignidad, denunciarlo ante las autoridades competentes.
