El Gobierno de Perú pidió que se cumplan las obligaciones internacionales establecidas en el Sistema Interamericano y se respeten las decisiones internas que está tomando “para resguardar la institucionalidad democrática”, tras el comunicado emitido ayer por Colombia, México, Bolivia y Argentina en el que reconocen como presidente al destituido Pedro Castillo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en respuesta a un pronunciamiento emitido “por un grupo de países”, a los que no mencionó , sobre la crisis política y social que afecta a la nación andina.
Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron este lunes “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, respondió Exteriores.
Agregó que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado”.
La Cancillería sostuvo que esto generó la decisión del Congreso de destituirlo y que “de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”.
Destacó, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, el 8 de diciembre pasado, “la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.
También que Boluarte ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2024 y reiteró “su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y (que) persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país”.
LA SITUACIÓN DE CASTILLO
En un comunicado conjunto publicado el lunes por la Cancillería colombiana, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia aseguraron que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
Castillo publicó este lunes una carta desde su centro de detención, al que fue trasladado tras su destitución el pasado miércoles, en la que aseguró que considera estar “secuestrado” y tachó de “usurpadora” a Boluarte.
El exgobernante permanece detenido en el penal de la base policial de la Diroes, en el distrito limeño de Ate, donde también cumple una condena a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Este lunes, la Defensoría del Pueblo señaló que constató que Castillo “recibe un trato adecuado, conforme a lo regulado en el ordenamiento jurídico, no evidenciándose vulneración a sus derechos como una persona detenida”.
También señaló que el exmandatario ha recibido desde el miércoles 139 visitas de sus familiares, congresistas, dirigentes sociales, abogados y de amigos, y no ha informado padecer de alguna enfermedad, salvo la utilización de un audífono medicado.
