SANTO DOMINGO. Una presunta estructura internacional de narcotráfico, operaciones millonarias de lavado de activos, posibles conexiones con organismos militares, relaciones políticas y pagos a figuras del entretenimiento forman parte de las revelaciones que han salido a la luz con la Operación Rompeolas, una investigación del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que ha puesto bajo la lupa a 22 personas.
El caso, que comenzó a tomar dimensión pública tras una serie de allanamientos simultáneos realizados el pasado jueves 19 de noviembre, describe una organización que presuntamente recibía cargamentos de cocaína procedentes de La Guajira, Colombia, para introducirlos a territorio dominicano y trasladarlos posteriormente hacia Puerto Rico, con conexiones hacia mercados de Estados Unidos y Europa.
Pero el alcance de la investigación va más allá del tráfico de sustancias narcóticas. El expediente divulgado por distintos medios de comunicación contiene señalamientos sobre una estructura económica que habría utilizado empresas, propiedades, establecimientos comerciales, transferencias y personas del entorno de los principales investigados para movilizar y ocultar recursos de procedencia ilícita.
Uno de los datos que más llama la atención es el monto de RD$3,112,639,600 en bienes y valores ocupados o reportados por las autoridades, entre vehículos, armas de fuego, dinero en pesos dominicanos, dólares y euros, así como propiedades y establecimientos comerciales relacionados con la investigación.
El Ministerio Público también atribuye a la organización operaciones de lavado de activos por miles de millones de pesos, aunque ambos montos corresponden a conceptos distintos y no deben confundirse.
Una ruta internacional con centro de operaciones en el Este
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público, la presunta organización tenía parte importante de su estructura logística en Higüey, provincia La Altagracia, y Miches, en El Seibo.
Los cargamentos procedentes de Colombia presuntamente ingresaban por puntos de la costa este dominicana, entre ellos Bayahíbe y Boca de Chavón. Desde allí eran trasladados por tierra hacia fincas, trabas y galleras que habrían servido como centros de almacenamiento y preparación de la droga.
La acusación describe una logística que incluía el uso de vehículos y caballos para movilizar los cargamentos hacia las costas, donde posteriormente eran embarcados en lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo con destino a Puerto Rico.
Según las estimaciones atribuidas a la investigación y divulgadas por Acento, la estructura habría movilizado alrededor de 7,000 kilogramos de cocaína al año y generado unos 140 millones de dólares anuales.
Estas cifras forman parte de las estimaciones del órgano acusador y deberán ser sustentadas durante el proceso judicial.
Un regidor entre los 22 investigados
Uno de los aspectos que ha provocado mayor repercusión es la inclusión de Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pachá, regidor del municipio de Higüey, entre las personas contra las que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.
Según las informaciones divulgadas sobre el expediente, el funcionario municipal habría mantenido vínculos con Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o El Brother, identificado por los investigadores como uno de los presuntos principales cabecillas de la organización.
Noticias SIN publicó señalamientos atribuidos al expediente sobre la relación entre ambos, incluyendo referencias al supuesto paso de Zorrilla Domínguez por funciones de chofer y seguridad antes de alcanzar una posición electiva.
La investigación también ha puesto sobre la mesa interrogantes acerca de posibles relaciones entre la estructura investigada y el financiamiento de actividades políticas, aunque corresponde al Ministerio Público establecer las evidencias y responsabilidades individuales.
Caro Brito aparece mencionada por pagos millonarios
Otro nombre que ha generado atención pública es el de la comunicadora colombiana Vera Carolina Brito Roys, conocida como Caro Brito.
Su nombre aparece mencionado en documentos judiciales divulgados por medios de comunicación, en los que se atribuyen a Fausto Candelario Ortiz supuestos pagos de RD$3 millones para compartir una cena con ella.
El expediente también señala presuntos pagos de RD$280,000 por cada actividad pública o privada en la que participaba la comunicadora, quien habría sido contratada como maestra de ceremonias del restaurante GAL, vinculado al investigado.
La mención de Brito ha provocado interrogantes sobre las relaciones comerciales y económicas que mantenía el señalado cabecilla con figuras del ámbito artístico y del entretenimiento.
Sin embargo, es importante precisar que, hasta las informaciones públicas disponibles, la comunicadora no figura entre los 22 imputados contra quienes se solicitó prisión preventiva. Tampoco se ha informado de una acusación que establezca su participación en las actividades de narcotráfico o lavado de activos atribuidas a la organización.
Posibles conexiones militares bajo investigación
El expediente también contiene señalamientos sobre la presunta participación de miembros de organismos militares, particularmente vinculados a la Inteligencia Naval de la Armada Dominicana.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre la solicitud de medida de coerción, algunos de estos miembros habrían ofrecido asesoría y seguridad a la estructura investigada.
De comprobarse estas actuaciones, el caso adquiriría otra dimensión, debido a que involucraría a personas vinculadas con organismos responsables de la vigilancia y protección de las costas dominicanas.
No obstante, los detalles públicos sobre la identidad, los rangos y las funciones específicas de los presuntos involucrados todavía son limitados.
Los presuntos cabecillas y el componente financiero
El Ministerio Público identifica a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha o El Brother, como uno de los principales responsables de la organización, mientras que a Yovani Candelario Ortiz, conocido como Pachasito, Caco o Franklin, le atribuye funciones de coordinación operativa.
La investigación sostiene que la estructura contaba con colaboradores encargados de recibir, almacenar y transportar la droga, además de personas que presuntamente administraban recursos, movilizaban dinero y adquirían bienes.
Entre los mecanismos financieros descritos figuran el uso de empresas, negocios inmobiliarios, préstamos, casas de cambio, transferencias bancarias y operaciones en efectivo.
Las autoridades también investigan la presunta utilización de familiares, socios y personas cercanas a los principales señalados para administrar propiedades y vehículos.
65 allanamientos y una detención internacional
Para ejecutar la Operación Rompeolas, las autoridades desplegaron más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y la Policía Nacional.
Se realizaron 65 allanamientos simultáneos en La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
Como parte de la cooperación internacional, también fue arrestado en Cali, Colombia, César Augusto Rodríguez Severino, alias Dondy, de 55 años, requerido por las autoridades dominicanas por presuntos vínculos con asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos.
Su captura se produjo mediante la coordinación entre Interpol Santo Domingo, Interpol Bogotá y las autoridades colombianas.
El Ministerio Público sostiene que otras personas relacionadas con la presunta estructura permanecen prófugas y que las investigaciones continúan para establecer el alcance de sus conexiones nacionales e internacionales.
Ministerio Público pide prisión preventiva
Ante la jurisdicción de La Altagracia, el órgano acusador solicitó prisión preventiva contra los 22 investigados y pidió que el proceso sea declarado complejo, debido a la cantidad de personas involucradas, la presunta estructura criminal y las operaciones transnacionales descritas en el expediente.
La audiencia para conocer las medidas de coerción fue fijada para este lunes 23 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, en el Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia.
La decisión judicial será determinante para establecer las medidas cautelares que deberán cumplir los investigados mientras avanza el proceso.
Por ahora, la Operación Rompeolas deja abiertas varias interrogantes: quiénes habrían facilitado las operaciones marítimas, cómo se movilizaron los recursos económicos, qué relaciones mantenía la organización con sectores políticos y militares y hasta dónde alcanzaba su red de colaboradores.
El expediente coloca bajo escrutinio una presunta estructura que habría combinado narcotráfico internacional, poder económico y relaciones en distintos sectores de la sociedad dominicana. Las responsabilidades penales de cada persona deberán ser determinadas por los tribunales.



