SANTO DOMINGO. El proceso judicial por el presunto entramado de corrupción que habría utilizado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para desviar fondos públicos entra en una nueva etapa luego de que un tribunal impusiera prisión preventiva a ocho de los imputados y otras medidas de coerción al resto de los procesados en la Operación Cobra 2.0-A.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz, Juan Henry Poueriet, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
Los cuatro primeros deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras que las cuatro mujeres fueron enviadas al CCR Najayo Mujeres.
Otros nueve imputados cumplirán arresto domiciliario, mientras que cinco deberán cumplir arresto domiciliario, impedimento de salida y una garantía económica de RD$2 millones mediante una compañía aseguradora.
A Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
En tanto, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán pagar una garantía económica de RD$1 millón, cumplir impedimento de salida y presentarse periódicamente ante las autoridades.
La revisión obligatoria de las medidas de coerción fue fijada para el 22 de diciembre de 2026, mientras que el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional quedó designado como tribunal de control del proceso.
El Ministerio Público dice que el caso no termina aquí
Luego de conocerse la decisión, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, sostuvo que la medida representa un reconocimiento a la investigación desarrollada por el Ministerio Público.
Pero el mensaje central del órgano acusador fue otro: la investigación continuará.
“Vamos a ir por más”, afirmó Camacho al referirse al futuro del expediente.
El funcionario también aprovechó para advertir a los médicos sobre las consecuencias de prestar sus códigos profesionales para operaciones que puedan terminar vinculadas a actuaciones fraudulentas.
Según Camacho, 22 médicos fueron procesados durante las investigaciones y sostuvo que, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el uso de esos códigos fue una pieza que permitió desarrollar parte del esquema investigado.
Una investigación que comenzó con Cobra
El expediente tiene como antecedente la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del SeNaSa, junto a otros involucrados.
A ese grupo se le atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que habría existido un esquema organizado para distraer recursos del Estado mediante diferentes mecanismos, entre ellos presuntos sobornos, alteraciones de estados financieros y programas especiales que, según la acusación, carecían de sustento jurídico.
La investigación busca establecer responsabilidades individuales y recuperar los recursos que, de acuerdo con el órgano acusador, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
Cobra 2.0-A abre otra línea del expediente
La nueva fase judicializada bajo el nombre de Operación Cobra 2.0-A amplía el número de personas vinculadas al proceso y mantiene el foco sobre las operaciones que habrían permitido el desvío de recursos relacionados con el seguro estatal.
El tribunal, además, declaró el proceso de tramitación compleja, una decisión que permite que el expediente sea manejado bajo las reglas correspondientes a este tipo de investigaciones.
Pero el caso tampoco se limita al expediente principal.
Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público ejecutó en junio la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas señaladas por su presunta participación en maniobras fraudulentas relacionadas con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Entre los detenidos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez enfrenta arresto domiciliario.
De esta manera, el proceso alrededor del SeNaSa continúa creciendo mientras las autoridades profundizan las pesquisas para determinar el alcance de la presunta estructura, los recursos comprometidos y las personas que pudieron haber participado en ella.
