SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 615-26, mediante el cual el Gobierno dominicano declara de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del Estado la prevención, detección, investigación y combate del denominado “terrorismo medioambiental”.
La medida establece una estrategia interinstitucional para enfrentar acciones graves y deliberadas contra los recursos naturales, ecosistemas e infraestructuras ecológicas consideradas estratégicas para el país.
Durante la presentación del decreto en el Palacio Nacional, Abinader advirtió que quienes atenten contra los parques nacionales y otros espacios protegidos serán perseguidos con mayor contundencia y recordó que el Código Penal contempla sanciones que pueden alcanzar entre 20 y 30 años de prisión para determinadas conductas, como los incendios provocados en áreas protegidas.
“Después de analizar, de pensar, para darle la verdadera importancia, hemos decidido actuar de manera drástica, catalogando como terrorismo ambiental todo aquel que afecte un parque nacional”, afirmó el mandatario.
¿Qué busca combatir el decreto?
La disposición pone especial atención en la protección de parques nacionales y áreas protegidas, cuencas hidrográficas, acuíferos, bosques, manglares, humedales, arrecifes coralinos, nacimientos de ríos, presas, embalses, acueductos, plantas de tratamiento de agua e infraestructuras relacionadas con el suministro energético.
Entre las principales amenazas que serán enfrentadas se encuentran los incendios forestales provocados, el deterioro de cuencas y bosques y acciones que pongan en riesgo infraestructuras estratégicas de agua potable, saneamiento y energía.
Participarán organismos de seguridad e inteligencia
El decreto ordena al Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Justicia, Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Dirección General de Migración, Dirección Nacional Antiterrorista y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto trabajar en la creación de una Política Nacional de Prevención contra el “terrorismo medioambiental”, en coordinación con el Ministerio Público cuando corresponda.
La intención es fortalecer la capacidad del Estado para detectar, investigar y responder ante acciones que representen una amenaza grave contra los recursos naturales y ecosistemas estratégicos.
También perseguirán a quienes estén detrás de los daños
Abinader afirmó que las acciones no estarán dirigidas únicamente contra quienes ejecuten materialmente los delitos.
El mandatario sostuvo que las autoridades deberán perseguir también a quienes ordenen, financien o promuevan este tipo de actividades, tanto si se trata de dominicanos como de extranjeros.
La advertencia cobra especial relevancia frente a prácticas como la provocación intencional de incendios y otras actividades ilegales que afectan zonas protegidas y fuentes de agua.
Ciudadanos podrán denunciar de manera confidencial
El Decreto 615-26 también contempla la participación ciudadana. Las instituciones competentes deberán habilitar plataformas tecnológicas y mecanismos para recibir denuncias confidenciales sobre amenazas contra los recursos naturales considerados estratégicos.
La normativa establece además medidas para proteger a los denunciantes y colaboradores que actúen de buena fe.
El decreto no crea un nuevo delito
Un punto importante de la disposición es que el Decreto 615-26 no crea por sí mismo un nuevo tipo penal denominado “terrorismo medioambiental”.
El concepto será utilizado para fines administrativos, preventivos y de coordinación institucional, mientras que las actuaciones penales deberán sustentarse en los delitos y sanciones establecidos previamente en la legislación dominicana.
De esta manera, la nueva disposición busca articular a los organismos ambientales, militares, policiales, de inteligencia y de persecución penal para responder de forma coordinada ante daños graves contra los recursos naturales.
La decisión del Poder Ejecutivo convierte así la protección de los principales ecosistemas y fuentes de agua del país en un asunto vinculado directamente con la seguridad nacional.
