La República Dominicana solicitó formalmente a la Embajada de Cuba el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, una decisión que coloca las relaciones entre Santo Domingo y La Habana ante uno de sus momentos de mayor tensión en décadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano informó que los diplomáticos deberán abandonar el territorio nacional en un plazo de siete días y explicó que la medida se ejecuta al amparo del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite a un Estado declarar personas non gratas a integrantes de una misión extranjera. La Cancillería, sin embargo, no ha hecho públicas las razones específicas que motivaron la decisión.
Y precisamente ahí está uno de los elementos que más interrogantes genera: el Gobierno dominicano tomó una medida diplomática de alto impacto, pero decidió mantener en reserva sus fundamentos.
La respuesta de La Habana no tardó. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la expulsión y acusó al Gobierno dominicano de actuar bajo presión de Estados Unidos, calificando la decisión como un acto de subordinación a la política estadounidense hacia la isla.
La reacción cubana introduce un elemento geopolítico que resulta difícil ignorar.
Durante los últimos meses, el Gobierno de Luis Abinader ha profundizado su relación estratégica con Washington. En marzo, República Dominicana se convirtió en uno de los países fundadores de la Carta de Doral, vinculada a la iniciativa estadounidense “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente Donald Trump para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Además, Abinader ha sido explícito al referirse a la situación política cubana. En una entrevista concedida en mayo, el mandatario afirmó que Cuba no es un Estado democrático y sostuvo que la isla necesita avanzar hacia un proceso de reformas y democratización. Al mismo tiempo, definió la relación de República Dominicana con Estados Unidos como una alianza “total”.
Pero el episodio resulta particularmente llamativo porque ocurre entre dos países que, hasta hace poco, mantenían una agenda bilateral activa.
Las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Cuba fueron establecidas formalmente en 1902 y restablecidas de manera definitiva en 1998. Desde entonces, ambos países han desarrollado vínculos en áreas como educación, salud, cultura, comercio y cooperación científica.
Todavía en 2023, una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano encabezada por el canciller Roberto Álvarez visitó Cuba con el propósito de ampliar la cooperación bilateral, el intercambio comercial y otros proyectos conjuntos.
Y el vínculo institucional no había desaparecido. En abril de este año, el propio Senado dominicano conoció favorablemente un protocolo para modificar el acuerdo de transporte aéreo entre ambos países firmado en 2023.
Por eso, la expulsión de los diplomáticos no puede leerse únicamente como un trámite consular.
La medida no significa, hasta ahora, una ruptura de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Cuba. Ambos países mantienen embajadas y otros canales oficiales. Tampoco el Gobierno dominicano ha anunciado la suspensión de vuelos, acuerdos bilaterales o servicios consulares.
Pero el hecho de que Santo Domingo haya recurrido a una herramienta tan severa dentro del lenguaje diplomático, sin explicar públicamente qué motivó la decisión, deja abierta una pregunta que ahora domina el escenario: ¿qué ocurrió entre bastidores para que nueve funcionarios cubanos fueron declarados no deseados en territorio dominicano?
La respuesta oficial todavía no está sobre la mesa.
Mientras tanto, La Habana ya fijó su posición y Washington observa una República Dominicana cada vez más cercana a su estrategia regional.
