Después de décadas de reclamos para actualizar una legislación penal que tenía sus raíces en el siglo XIX, República Dominicana está a pocos días de comenzar una nueva etapa en materia de justicia.
El presidente Luis Abinader promulgó este lunes las modificaciones realizadas a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, mediante el Decreto 507-26. La decisión se produce a menos de una semana de que la normativa entre oficialmente en vigencia, el próximo 3 de agosto.
Pero, ¿qué significa esto para la vida cotidiana de los dominicanos?
La nueva legislación incorpora delitos que no estaban contemplados de manera expresa en el antiguo Código Penal y busca responder a una realidad social y tecnológica muy diferente a la de hace más de un siglo.
Entre las nuevas figuras penales incorporadas se encuentran el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la desaparición forzada y el autosecuestro, entre otras conductas.
También se incluyen disposiciones relacionadas con delitos de lesa humanidad y genocidio, la instigación al suicidio, la falsa denuncia y la obstrucción de justicia. Además, la normativa contempla un aumento de la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o de una relación de pareja.
Uno de los aspectos que más discusión generó durante las últimas semanas fue el relacionado con la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa. Las críticas de distintos sectores llevaron a que el Congreso revisara varios artículos de la legislación antes de su entrada en vigor, especialmente los vinculados con la difamación, el ultraje a la autoridad y la difusión de imágenes, audios o videos sin consentimiento.
El proceso de modificación fue acelerado. La propuesta del Poder Ejecutivo planteaba inicialmente cambios en 18 artículos, pero durante la revisión legislativa se analizaron más de 80 propuestas provenientes de abogados, partidos políticos y diferentes sectores de la sociedad. Finalmente, el Congreso aprobó las modificaciones y las remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Con la promulgación de este lunes, el Gobierno también creó una comisión de seguimiento y socialización que estará encabezada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. El grupo tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a la aplicación del nuevo Código y discutir posibles mejoras futuras.
La comisión estará integrada, además, por juristas y figuras de reconocida trayectoria como Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra, así como los periodistas Aníbal de Castro y Persio Maldonado. Sus funciones serán honoríficas.
El Gobierno sostiene que las modificaciones fortalecen la protección de los derechos fundamentales, el debido proceso y la modernización del sistema de justicia, al tiempo que incorporan nuevos delitos acordes con los desafíos del siglo XXI.
Ahora comienza la parte más importante. El Código Penal no será solo un documento que reposa en los archivos del Estado. A partir del 3 de agosto comenzará a tener efectos concretos en procesos judiciales y en la forma en que se investigan y sancionan determinadas conductas.
Por eso, más allá de la discusión política que acompañó su aprobación y sus posteriores modificaciones, el reto estará en que jueces, fiscales, abogados, policías y ciudadanos conozcan y comprendan las nuevas reglas.
La República Dominicana tendrá, finalmente, un Código Penal adaptado a los tiempos actuales. La pregunta que queda ahora es si el sistema de justicia contará con las herramientas y la preparación necesarias para aplicarlo de manera efectiva, garantizando al mismo tiempo la seguridad, los derechos de las víctimas y las garantías fundamentales de quienes sean sometidos a un proceso penal.
