SANTO DOMINGO .- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró en la audiencia del martes que los recursos de apelación presentados por los abogados de los privados de libertad en el caso de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) carecen de fundamentación jurídica para que el tribunal varíe las medidas de coerción impuestas en primera instancia atendiendo a la solidez de la acusación del Ministerio Público.
En ese sentido, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, rechazar en todas sus partes los recursos de Rafael Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y otros procesados.
Al presentar las conclusiones de los fiscales en el proceso, Camacho pidió rechazar todos los recursos de los recurrentes por no adolecer, la decisión impugnada, de los medios que han señalado éstos en sus recursos.
Camacho estuvo acompañado por el procurador de corte Héctor García y los fiscales Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Aurelio Valdez.
La audicienda, que por razones de disponibilidad de espacio se celebra en una de las salas del Tribunal de Tierras, seguirá este miércoles a las 2:00 de la tarde, cuando los jueces Isis Muñiz (presidenta del tribunal), Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar fijaron emitir su fallo.
En la audiencia estuvieron presentes los procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, para quienes uno de los querellantes solicita al tribunal variar la medida de arresto domiciliario por prisión preventiva.
Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción es procesado por el Ministerio Público a raíz de la Operación Cobra. Asimismo, son procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
El Ministerio Público responsabiliza a los imputados por estafar con más de 15 mil millones de pesos a los más de 7 millones de afiliados del SeNaSa.
