La Dirección General de Migración (DGM) deportó en mayo recién finalizado a 34,190 inmigrantes haitianos quienes se encontraban en territorio dominicano de manera irregular, la cifra más alta alcanzada en un mes en lo que va de año.
Las estadísticas del organismo oficial revelan que esa cantidad de deportados es 5.1% más que los devueltos a su país de origen en abril, cuando se deportaron 32,540; es un 19.9% más que en marzo, cuando fueron devueltos 28,534; un 28.2% más que en febrero, cuando se deportaron 26,659, y un 9.5% más que en enero, cuando fueron 31,221 los entregados a las autoridades migratorias haitianas.
Las detenciones de esos extranjeros indocumentados marcan una trayectoria en crecimiento sostenido, que demuestra la eficacia de los operativos de interdicción ejecutados por la DGM, cumpliendo la disposición expresa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y las directrices del presidente Luis Abinader, para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis socio-política que padece Haití.
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Ya en el proceso de detención, a los extranjeros se les inquiere sobre la documentación que emite el Estado para regular la estadía en el país y, de no poseerla, son llevados a los centros de acogida donde se les toman los datos biométricos y huellas dactilares, además de que se investiga el real estatus y la condición de cada uno.
Cuando se verifica que el extranjero no cumple las exigencias de la Ley 285-04, entonces es que se procede a emitir el acto administrativo disponiendo que sean conducidos hasta su país de origen.
Los actos de detención, asimismo, se realizan respetando todos los derechos y normas nacionales e internacionales relacionadas con la materia; se informa al afectado las razones de la acción y se garantiza el debido proceso así como condiciones adecuadas y el trato humanitario correspondiente.
Los operativos de interdicción, igualmente son coordinados y cuentan con el apoyo de efectivos del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el Cesfront, Digesett, Ciutran y el ministerio Público, entre otros organismos de seguridad del Estado. Esas acciones se ejecutan para afrontar los riesgos que la inmigración irregular representa para el orden, la seguridad, la estabilidad y el bienestar del pueblo dominicano.
